En Colombia, todos los pensionados están obligados a realizar aportes al sistema de salud, al igual que los trabajadores activos. Estos descuentos se aplican directamente sobre la mesada mensual y varían de acuerdo con el monto de la pensión que recibe cada jubilado, como parte del esquema de financiamiento del sistema.

Según lo dispuesto por el Gobierno, los pensionados que reciben una mesada equivalente al salario mínimo vigente, que en 2025 es de 1.423.500 pesos, deben aportar únicamente el 4 % de su pensión para salud, es decir, 56.940 pesos cada mes. Este grupo es el único beneficiado con la tarifa reducida.

Para quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos, el aporte obligatorio se eleva al 10 %, mientras que los jubilados cuya pensión supera los tres salarios mínimos deben destinar el 12 %. Estos porcentajes hacen parte de la estructura de solidaridad del sistema pensional colombiano, en el que trabajadores activos, independientes y pensionados contribuyen conjuntamente para garantizar su sostenibilidad.

En varias ocasiones los jubilados han solicitado reducir estas cargas, pero el Estado ha mantenido el esquema actual para sostener el acceso a los servicios de salud. Así, solo quienes perciben el salario mínimo tienen un alivio directo en sus descuentos, mientras que los demás enfrentan aportes proporcionales que disminuyen su poder adquisitivo.

El debate sobre este modelo se mantiene vigente con la reforma pensional que cursa en el país. Fondos privados y gremios como Asofondos han advertido que, en caso de que la Corte Constitucional avale la iniciativa aprobada por el Congreso, se requerirán plazos y mayor claridad para implementar el nuevo sistema, pues el texto final sufrió cambios sustanciales frente a su propuesta inicial.

Para los pensionados es clave tener en cuenta que el aporte a salud es obligatorio y garantiza su cobertura dentro del régimen contributivo. Se recomienda revisar periódicamente los comprobantes de pago para confirmar que los descuentos se apliquen correctamente, mantenerse informados sobre posibles cambios en las tarifas derivadas de la reforma pensional y planificar con cuidado los gastos de salud adicionales que no siempre están cubiertos por el sistema.

Este esquema, aunque genera debate, busca mantener la estabilidad del sistema de salud y asegurar la atención médica para toda la población pensionada del país.