El Salvador recibió este domingo a un grupo de más de 250 personas deportadas desde Estados Unidos, señaladas como miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Las imágenes divulgadas por el gobierno salvadoreño mostraron a los detenidos encadenados y rapados, mientras eran trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del país.

La deportación se llevó a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida de excepción invocada por la administración de Donald Trump para acelerar la expulsión de presuntos criminales extranjeros. Esta ley, que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, permite la detención y deportación de ciudadanos de una nación considerada hostil sin necesidad de audiencia previa.

Acuerdo entre EE.UU. y El Salvador

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó la deportación y destacó la disposición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para recibir a los acusados y mantenerlos bajo estrictas condiciones de reclusión. “El presidente Bukele ha demostrado nuevamente ser el líder de seguridad más fuerte de la región y un gran aliado de Estados Unidos”, declaró Rubio.

Según el funcionario, Bukele ofreció albergar a los integrantes del Tren de Aragua en las cárceles salvadoreñas por una tarifa “justa”, lo que, en su opinión, representará un ahorro para los contribuyentes estadounidenses. Además, como parte del acuerdo, EE.UU. también deportó a dos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otros 21 fugitivos centroamericanos requeridos por la justicia salvadoreña.

Una medida polémica y bloqueos judiciales

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros generó reacciones encontradas en EE.UU. Antes de que se hicieran efectivas las deportaciones, el juez federal James Boasberg ordenó la suspensión temporal de la norma para evitar la expulsión de cinco ciudadanos venezolanos. Posteriormente, amplió su fallo a todos los no ciudadanos bajo custodia que pudieran ser afectados por esta legislación, ordenando el regreso de cualquier avión con deportados que ya estuviera en vuelo.

A pesar de esta restricción judicial, el gobierno estadounidense logró concretar la expulsión de los presuntos miembros del Tren de Aragua antes de que la medida entrara en vigor.

Ingreso al Cecot: disciplina y control extremo

Las imágenes difundidas por el gobierno de Bukele mostraron el momento en que los deportados, aún encadenados, fueron trasladados en autobuses hasta el Cecot. Al llegar, fueron obligados a arrodillarse y a decir sus nombres ante los guardias penitenciarios, quienes procedieron a raparles la cabeza. Posteriormente, se les asignaron celdas y se les entregó el uniforme reglamentario: pantalón corto, camiseta y calcetines blancos.

Bukele se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que esta colaboración con EE.UU. fortalece el sistema penitenciario salvadoreño. “Estamos ayudando a nuestros aliados y haciendo autosostenible nuestro sistema. EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero será alta para El Salvador”, escribió.

Críticas y preocupaciones por derechos humanos

Si bien la estrategia de seguridad de Bukele ha sido celebrada por sus resultados en la reducción de la criminalidad, organismos internacionales han cuestionado el uso de arrestos masivos sin orden judicial y la presunta violación de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas. Miles de personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción que rige en el país desde 2022, y múltiples organizaciones han denunciado casos de abusos y detenciones arbitrarias.

A pesar de las críticas, la administración Bukele continúa consolidando su modelo de seguridad basado en el encarcelamiento masivo y la represión extrema contra estructuras criminales. Con la reciente llegada de los deportados desde EE.UU., el Cecot alberga ahora a un nuevo grupo de reclusos que enfrentarán el rigor del sistema penitenciario salvadoreño.