Un nuevo escándalo sacude a la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter tras revelaciones que apuntan a una posible influencia indebida de congresistas en procesos de contratación y manejo de información sensible dentro de la entidad, generando preocupación sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

Según una fuente interna que habló bajo reserva, existirían indicios de participación de integrantes del Partido Liberal en espacios clave donde se toman decisiones sobre contratos millonarios. Entre los nombres mencionados figuran las congresistas Jezmi Barraza, María Eugenia Lopera y Kellyn González, quienes, de acuerdo con la denuncia, tendrían injerencia en comités donde se analiza información confidencial relacionada con procesos contractuales.

La alerta surge en medio de una serie de cuestionamientos que han rodeado a Findeter en los últimos meses, especialmente tras la caída de un contrato superior a los 18.000 millones de pesos para la adquisición de maquinaria amarilla. Dicho proceso fue cancelado luego de que se detectaran irregularidades, incluyendo certificaciones falsas presentadas por empresas que buscaban adjudicarse el contrato.

De acuerdo con el testimonio revelado, al interior de la entidad se habrían registrado cambios atípicos en los procesos de contratación, incluyendo modificaciones en políticas internas, cesiones contractuales y ajustes en la forma en que se toman decisiones, lo que generó inquietud entre funcionarios. Estas alteraciones, según la fuente, coincidirían con la supuesta presencia e influencia de actores políticos en espacios estratégicos.

El caso también pone sobre la mesa el posible acceso a información reservada, un elemento crítico en procesos de contratación pública, ya que su filtración podría favorecer a determinados oferentes o afectar la transparencia de las licitaciones.

Findeter, por su parte, ya había acudido a la Fiscalía General de la Nación para denunciar posibles irregularidades en contratos recientes, en cumplimiento de su deber legal como entidad estatal, lo que refuerza la gravedad del escenario actual.

Estas nuevas denuncias podrían derivar en investigaciones formales si se logra establecer la veracidad de los señalamientos, en un contexto donde la vigilancia sobre la contratación pública se mantiene como una de las principales preocupaciones en el país.

El caso ha generado inquietud en distintos sectores, que advierten sobre los riesgos de una posible interferencia política en decisiones técnicas, especialmente cuando están en juego recursos públicos destinados al desarrollo regional.

Mientras avanzan las verificaciones, el país permanece atento a las acciones que puedan emprender los organismos de control para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo irregularidades en el manejo de la contratación dentro de Findeter, una entidad clave para la financiación de proyectos en Colombia.