El debate por la millonaria adquisición de aeronaves de combate Gripen por parte del Gobierno Nacional llegó a los estrados judiciales. El precandidato presidencial David Luna radicó una acción de tutela en la que solicita que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda entreguen de manera inmediata toda la información contractual y técnica relacionada con la operación, cuyo valor total ascendería a 16,5 billones de pesos.

La tutela surge después de que Saab anunciara el 15 de noviembre de 2025 la firma del contrato para suministrar 17 aviones Gripen E/F entre 2026 y 2032, un negocio que ha despertado controversias por su impacto fiscal y por las inconsistencias señaladas entre las cifras suministradas por el Presidente Gustavo Petro y las del Ministerio de Defensa. Pese a los múltiples pronunciamientos oficiales, Luna afirma que la ciudadanía sigue sin acceder al contrato, a los estudios previos y a los análisis económicos que justificaron el compromiso de vigencias futuras.

En su solicitud, Luna señala que el Gobierno ha entregado únicamente información general a través de medios y comunicados, pero no los documentos administrativos esenciales que permitirían un control ciudadano efectivo. Alega que la falta de respuestas a los derechos de petición radicados desde el 20 de noviembre impide cualquier intento serio de interponer acciones judiciales ordinarias, como la nulidad simple o una acción popular para proteger el patrimonio público.

Según la tutela, la opacidad del proceso afecta derechos fundamentales como el acceso a la información pública, la participación política y el acceso real a la justicia. Luna advierte además sobre un posible perjuicio irremediable, pues el contrato comenzaría a ejecutarse en 2026, generando obligaciones económicas antes de que la ciudadanía o los jueces conozcan los soportes de la negociación.

El documento solicita al juez ordenar la entrega de una versión completa y pública del contrato y de todos sus anexos técnicos, fiscales y jurídicos. En caso de existir partes reservadas por razones de seguridad nacional, pide que estas sean justificadas de manera específica y limitada. También solicita que la información se envíe a la Contraloría para efectos de control fiscal y que el Gobierno publique en sus portales oficiales los documentos no sujetos a reserva.

Finalmente, Luna pide exhortar a los entes de control —Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo— a revisar la operación con rigurosidad, dada la magnitud de los recursos comprometidos y el impacto estratégico de la compra.

Con este paso, el precandidato insiste en que el país necesita claridad total sobre una de las decisiones militares y fiscales más costosas de los últimos años, y que la transparencia debe ser el punto de partida para cualquier discusión sobre la defensa nacional.