Seis municipios de la subregión San Juan, en el departamento del Chocó, enfrentan una grave crisis humanitaria debido al desabastecimiento provocado por el conflicto armado entre el ELN y el Clan del Golfo. Las restricciones de movilidad han dejado sin acceso a alimentos y productos básicos a miles de habitantes de Sipí, Medio San Juan, Istmina, Nóvita, Río Iró y Litoral del San Juan.
El secretario del Interior y de Gobierno del Chocó, Francisco Vidal, informó que la situación se ha agravado con el paro armado decretado por el ELN, el cual ya completa su segundo día. “La población no solo ha sido impedida de ejercer sus actividades productivas, sino que tampoco ha podido abastecerse de alimentos y otros elementos de primera necesidad”, señaló Vidal.
Dificultades en la distribución de ayudas humanitarias
Aunque la Gobernación del Chocó había comenzado a distribuir asistencia a las comunidades afectadas, el paro armado ha obligado a suspender estos envíos. Ante esta situación, se ha coordinado un esfuerzo conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, las personerías, alcaldías locales y organismos internacionales como Naciones Unidas para garantizar la logística y reactivar el envío de kits humanitarios.
Sin embargo, la crisis podría extenderse a otros municipios. Las autoridades han identificado un alto riesgo de afectaciones en Carmen de Atrato, Bagadó, Tadó y San José del Palmar. Incluso en Quibdó y sus zonas rurales existe la posibilidad de nuevas restricciones que agravarían la situación humanitaria.
Movilidad y presencia de la Fuerza Pública
A pesar de la crisis, las principales vías del departamento, como Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira, permanecen abiertas. Sin embargo, los transportadores evitan transitarlas por temor a ataques, ya que el ELN ha instalado cilindros y otros obstáculos en la carretera, dificultando el paso y generando incertidumbre.
“La Fuerza Pública está presente en ambas vías, pero es imposible vigilar cada kilómetro de estos extensos trayectos. Los grupos armados aprovechan esta situación para bloquear y controlar la movilidad”, explicó el secretario Vidal.
Las autoridades departamentales y organismos de derechos humanos continúan en máxima alerta ante la posibilidad de nuevas agresiones y violaciones a los derechos de la población. Se espera que en los próximos días se logren avances en la entrega de ayuda y en la seguridad para garantizar el abastecimiento en la región.
