La Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande del país, atraviesa una crisis financiera y administrativa sin precedentes que ya impacta de forma directa la vida y el bienestar de más de 11 millones de afiliados, especialmente de pacientes con enfermedades huérfanas que requieren tratamientos especializados y de alto costo.

Según un informe de la Contraloría General, la EPS acumula deudas superiores a los 21 billones de pesos, un incremento del 198 % frente a diciembre de 2022, cuando las obligaciones sumaban 5,4 billones. Esta situación ha derivado en un aumento del 29 % en tutelas contra la entidad, filas interminables, desabastecimiento de medicamentos, interrupción de tratamientos y hasta fallecimientos de pacientes.

Clínicas de referencia como la Fundación Cardiovascular, la Clínica Universitaria Bolivariana y el Hospital Universitario de Caldas han suspendido servicios por falta de pago, dejando a miles de usuarios sin atención médica oportuna. Luz Victoria Salazar, presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), advirtió que los afiliados enfrentan prolongadas interrupciones en la entrega de medicamentos, deterioro en su calidad de vida y graves riesgos para su salud.

El caso de la Nueva EPS también está bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación por un presunto esquema de desfalco que habría operado entre 2012 e inicios de 2024, mediante alteraciones contables para presentar utilidades ficticias, ocultar facturación y garantizar desembolsos de fondos públicos, mientras crecían las deudas con clínicas y hospitales.

Las historias de pacientes evidencian el drama. Fanny Ayerbe, diagnosticada con hipertensión pulmonar, lleva dos meses esperando el medicamento vital Remodulin, mientras su condición se deteriora. Por su parte, Álvaro Novoa, quien padece mucopolisacaridosis tipo IV, relata interrupciones constantes en sus tratamientos y dificultades para acceder a especialistas por el cierre de convenios en instituciones médicas.

El Observatorio ENHU reitera su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes que eviten un daño irreversible a la salud de los pacientes más vulnerables y se garantice la continuidad de los servicios en todo el país. Según la Contraloría, si no se toman decisiones inmediatas, la Nueva EPS podría dejar de ser viable para finales de 2025, lo que supondría un riesgo sistémico para todo el modelo de salud colombiano.