Un nuevo capítulo sacude a la institucionalidad del país tras revelarse que la Fiscalía General de la Nación habría tardado más de 16 meses en procesar información clave sobre una posible infiltración de las disidencias de las FARC en organismos del Estado. La demora, ampliamente cuestionada, podría afectar la confianza internacional en Colombia en materia de seguridad y cooperación judicial.

El caso tomó fuerza luego de que la propia fiscal general reconociera que los datos extraídos de dispositivos incautados en 2024 no habían sido analizados oportunamente. En ellos —según reportes conocidos por lavibrante.com— existirían correos, chats y documentos que apuntarían a un posible vínculo entre oficiales de alto nivel y la estructura criminal comandada por alias Calarcá.

Las evidencias preliminares indicarían presuntos favores a la disidencia, desde filtración de información clasificada hasta apoyo logístico y encubrimiento. La gravedad de estas hipótesis llevó a la apertura formal de una investigación en noviembre de 2025.

Expertos consultados señalan que este caso no solo compromete la integridad de sectores estratégicos del Estado, sino que también podría afectar acuerdos internacionales de cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado y operaciones de inteligencia.

Además, la investigación pone bajo la lupa la capacidad de la Fiscalía para actuar con celeridad y rigor en temas de alto impacto nacional. Sectores académicos y políticos advierten que la inacción inicial podría erosionar la credibilidad del sistema judicial y enviar un mensaje de desconfianza a aliados internacionales que dependen de la solidez institucional colombiana.

En medio de este panorama, la investigación avanza con la atención total del país, mientras persisten los interrogantes sobre hasta dónde llegaron las presuntas infiltraciones, quiénes participaron y qué consecuencias podrá enfrentar Colombia si se confirma cooperación entre funcionarios estatales y estructuras armadas ilegales.