La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez dentro del proceso judicial relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, una decisión que marca un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial reciente del país.
La determinación ratifica la sentencia emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que encontró responsable a Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinuir agravado, en hechos vinculados a la conformación y actuación de la estructura armada ilegal que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante la década de los noventa.
El caso se remonta a una investigación que se prolongó durante más de una década y que tuvo como eje central las acusaciones sobre la presunta participación de Santiago Uribe en la creación y dirección de Los 12 Apóstoles, grupo señalado por múltiples acciones de violencia y operaciones de denominada “limpieza social” en el norte de Antioquia.
La condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia estableció una pena cercana a los 28 años de prisión, luego de revocar una absolución emitida en primera instancia en noviembre de 2024. Según el fallo, las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron concluir la responsabilidad del procesado en la estructura criminal investigada.
Durante el proceso judicial fueron analizados testimonios, documentos y elementos probatorios que, de acuerdo con las autoridades judiciales, evidenciaron la existencia de vínculos entre Santiago Uribe Vélez y el grupo armado ilegal. La investigación también incluyó el estudio del homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor asesinado en 1994 y cuyo caso fue considerado por la justicia como parte de las acciones atribuidas a la organización.
La defensa de Santiago Uribe sostuvo durante todo el proceso que existían inconsistencias en las pruebas y cuestionó la valoración realizada por los jueces sobre algunos testimonios considerados claves para la condena. Sin embargo, las decisiones adoptadas por las instancias judiciales mantuvieron la tesis de la responsabilidad penal del procesado.
El caso ha generado repercusiones políticas y jurídicas debido a que Santiago Uribe es hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No obstante, los magistrados han insistido en que las decisiones adoptadas responden exclusivamente al análisis de las pruebas y a los elementos incorporados dentro del expediente judicial.
Con esta determinación, la Corte Suprema cierra una de las etapas más relevantes de un proceso que durante años ha sido seguido por organismos judiciales, víctimas, organizaciones de derechos humanos y distintos sectores de la opinión pública colombiana.
