La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador Alirio Barrera, tras recibir una denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare, hechos que habrían ocurrido cuando el hoy congresista se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

De acuerdo con la información conocida, el alto tribunal asumió el caso luego de que la Fiscalía Seccional de Casanare remitiera el expediente, en cumplimiento del fuero constitucional que cobija a los congresistas, lo que convierte a la Corte Suprema en la autoridad competente para adelantar la investigación.

La denuncia señala que los hechos se habrían presentado en el año 2016, cuando la mujer acudió al despacho del entonces mandatario departamental en busca de apoyo para actividades relacionadas con un grupo juvenil de carácter religioso. Según su testimonio, en ese encuentro se habría producido la presunta agresión.

El proceso quedó en manos del magistrado Marco Antonio Rueda, quien liderará la etapa inicial de recolección de pruebas, testimonios y demás elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. En los próximos días, la Corte deberá definir la fecha en la que el senador rinda versión libre dentro del expediente.

Por su parte, el senador Alirio Barrera ha rechazado los señalamientos y, a través de su equipo jurídico, ha sostenido que se trata de acusaciones sin fundamento, insistiendo en que ejercerá su defensa dentro del marco legal correspondiente.

Este caso se suma a la creciente atención sobre denuncias por violencia sexual en escenarios de poder, un tema que ha tomado relevancia en el país y que ha llevado a las autoridades judiciales a fortalecer los mecanismos de investigación con enfoque de género.

La apertura formal de esta investigación no implica una condena, pero sí marca el inicio de un proceso judicial en el que la Corte Suprema deberá determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación de cargos.

El desarrollo de este caso será seguido de cerca por distintos sectores políticos y judiciales, en un contexto donde la transparencia y el acceso a la justicia se convierten en elementos fundamentales para garantizar la confianza institucional en Colombia.