La Corte Constitucional de Colombia ha establecido las condiciones bajo las cuales podría intervenir y declarar medidas cautelares urgentes sobre decisiones del Gobierno, incluyendo la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente.

En un auto emitido en 2023, el tribunal especificó que puede actuar cuando exista una disposición «abierta o manifiestamente inconstitucional» que produzca efectos irremediables o eluda el control de constitucionalidad. Además, se debe considerar la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, así como la ineficacia de otros mecanismos de protección.

Expertos como Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirman que esta decisión no es arbitraria, sino que establece reglas claras para garantizar la protección de la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

El abogado Juan Manuel Castellanos señala que esta determinación permite a la Corte suspender anticipadamente los efectos de decisiones que puedan ser inconstitucionales, defendiendo así la legalidad.

Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, ha pedido no anticiparse a las posibles decisiones del Gobierno, indicando que cualquier iniciativa de constituyente estaría sujeta al control automático de los magistrados.

Esta postura de la Corte Constitucional podría representar un obstáculo significativo para la propuesta de Petro de convocar una asamblea constituyente, asegurando que cualquier cambio constitucional se ajuste a los marcos legales existentes.