La Corte Constitucional recibió todos los documentos requeridos para analizar la declaratoria de conmoción interior emitida por el Gobierno, en respuesta a la grave crisis humanitaria que afecta el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y algunos municipios del Cesar.

Entre los más de 50 anexos entregados hay informes de inteligencia, reportes presupuestales y documentos enviados por alcaldes de las zonas más afectadas. La magistrada Paola Meneses será la encargada de revisar la constitucionalidad de la medida y presentar su ponencia ante la Sala Plena del alto tribunal.

Uno de los puntos clave del análisis es la existencia de 45 informes reservados sobre erradicación de cultivos ilícitos y operaciones de inteligencia contra grupos armados ilegales como el ELN. Estos documentos serán determinantes para justificar la necesidad del estado de excepción y su impacto en la seguridad del país.

Congreso presenta informe sobre la crisis en el Catatumbo

En paralelo, subcomisiones del Senado y la Cámara de Representantes también entregaron un informe detallado sobre la situación en la región. El documento, elaborado bajo la coordinación del representante Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, consta de más de 100 páginas y fue aprobado por la mayoría de los congresistas que integraron la comisión.

“Después de recorrer el territorio, escuchar a las comunidades y a las autoridades locales, es evidente la necesidad de esta declaratoria. La crisis exige medidas urgentes por parte del Estado”, señaló Sánchez.

El informe incluye 27 recomendaciones clave, entre ellas: garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas, brindar atención humanitaria integral y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona. Además, se instó al Ministerio de Hacienda a presentar los decretos que permitan canalizar recursos para atender la emergencia.

Ahora, la decisión final sobre la constitucionalidad del estado de conmoción interior queda en manos de la Corte, que deberá definir si la medida se ajusta al marco legal y si las condiciones actuales justifican su implementación.