La Procuraduría ha identificado diversas anomalías durante una visita a la Imprenta Nacional, en la cual se tenía como objetivo profundizar en los detalles del contrato establecido con el gobierno de Portugal para la emisión de pasaportes.

Las autoridades de la Procuraduría General de la Nación recibieron “respuestas inconsistentes, vacías y poco claras” por parte de los funcionarios de la Imprenta, quienes debían justificar la necesidad y los estudios previos para la formalización del convenio.

Durante la inspección a la Imprenta, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada especializada en la Vigilancia de la Función Pública encontró documentos carentes de fundamento, así como otros que evidenciaron la falta de cumplimiento del manual de contratación de la Imprenta.  Esto se relaciona con la metodología, la planificación, y los estudios previos y técnicos necesarios para la firma del acuerdo, según lo explicado por el Ministerio Público.

Una de las irregularidades detectadas se refiere a la solicitud de respaldo financiero para asumir compromisos que superan los 1. 3 billones de pesos. La entidad de control indicó que se habían “proyectado el uso de vigencias futuras hasta el año 2036 sin la debida autorización del CONFIS ni un documento del CONPES, tal como lo exige el estatuto orgánico del presupuesto”.

Asimismo, subrayaron que no se presentó ante la junta directiva ni el procedimiento ni los cálculos para estimar el valor del contrato.

“Ante las inquietudes del ente de control, por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo, la gerente de la Imprenta Nacional, no dio respuesta claras ni satisfactorias”, dijo la Procuraduría que le ha venido haciendo seguimiento al caso desde que la Cancillería anunció dicha alianza.

Para el ente de control esta falta de claridad “apunta a la improvisación en la celebración del acuerdo”, además de “poner en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.