La Contraloría General de la República encendió las alarmas frente al proyecto de restauración del Canal del Dique, al exigir a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un informe detallado sobre el estado actual de los pagos y compromisos financieros, luego de conocerse una posible advertencia del Gobierno Nacional sobre el aplazamiento de recursos que pondría en riesgo la continuidad de la obra.

El ente de control, a través de la Delegada para el Sector de Infraestructura, solicitó a la ANI sustentar los valores de las vigencias futuras del año 2025, tanto en pesos como en dólares, y especificar los desembolsos realizados y los pendientes dentro del contrato que ejecuta el consorcio Sacyr, encargado de las obras. Esta revisión busca garantizar el uso transparente de los recursos públicos en un proyecto considerado estratégico para el Caribe colombiano.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, también pidió a su equipo técnico un informe interno que certifique el cumplimiento de los pagos establecidos. Según el requerimiento, si existen retrasos o partidas no desembolsadas, la entidad deberá justificar las razones e informar las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda para asegurar la financiación del próximo año.

Fuentes de la Contraloría advirtieron que este proyecto “no puede detenerse” debido a su relevancia ambiental y social, pues busca recuperar ecosistemas degradados, controlar inundaciones y proteger a más de 1,5 millones de habitantes en Bolívar, Atlántico y Sucre.

En las comunidades del sur del Atlántico, la preocupación crece ante los posibles retrasos. Líderes locales como Uriel Ávila, vocero campesino de Manatí, alertaron que los contratistas podrían suspender las obras en menos de un mes si no se efectúan los pagos pendientes, que superan los $492 mil millones. “Desde agosto se están generando intereses moratorios y no vemos voluntad del Gobierno Nacional”, señaló.

El proyecto, adjudicado al Consorcio Ecosistemas del Dique y liderado por la firma española Sacyr, contempla una inversión total superior a los $3,2 billones e incluye la construcción de compuertas, esclusas y diques, además de un sistema hidráulico que regulará el flujo del agua y mitigará la sedimentación que por años ha afectado los ecosistemas del Caribe.

Mientras la ANI prepara la información solicitada, la Contraloría intensifica su vigilancia para evitar que las demoras administrativas frenen los avances de una obra clave para la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las poblaciones ribereñas. En la región, la expectativa es clara: el Canal del Dique debe seguir adelante.