La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la crítica situación administrativa y financiera que atraviesa la Nueva EPS, tras detectar serias irregularidades en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, los hallazgos se sustentan en la revisión de 4.524 archivos recopilados en una operación judicial, correspondientes al periodo 2022 hasta el primer semestre de 2025. El análisis muestra un deterioro progresivo que pone en riesgo la estabilidad de la entidad y la calidad del servicio a sus afiliados.

Uno de los puntos más preocupantes es el aumento acelerado de los anticipos pendientes por legalizar. Mientras en 2023 la cifra era de $3,4 billones, en 2024 ascendió a $8,6 billones, lo que representa un incremento del 155%. La tendencia continuó en 2025, donde a junio se sumaron $6,6 billones adicionales, alcanzando un total de $15,27 billones. De este monto, $143 mil millones corresponden a recursos girados hace más de dos años y que aún no han sido legalizados.

La Contraloría también encontró un volumen crítico de facturas pendientes por procesar: más de 22,7 millones de registros por un valor de $22,1 billones. De estas, 9,1 millones resultaron repetidas, lo que representa $8,9 billones en inconsistencias. Al excluir las duplicadas, todavía quedan facturas por $13,2 billones sin revisar.

El 97% de estas obligaciones corresponden a las vigencias 2024 y primer semestre de 2025, lo que evidencia un atraso significativo en la verificación de costos, el cumplimiento de contratos y la validez de los soportes.

Otro hallazgo revelador es la alta concentración de recursos en pocos prestadores de salud. Según el informe, en apenas 36 prestadores —de una red superior a 2.700— se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, aumentando el riesgo fiscal en caso de incumplimientos o litigios.

La advertencia de la Contraloría refleja una crisis estructural que compromete la liquidez de la EPS y podría derivar en un detrimento patrimonial de gran magnitud, al tiempo que deja en incertidumbre a millones de usuarios que dependen de este servicio de salud.