La Contraloría Departamental del Atlántico ordenó la suspensión inmediata del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams Chams, por un periodo inicial de tres meses, como medida preventiva dentro de un proceso de control fiscal que investiga posibles anomalías en la administración de recursos del municipio. La decisión busca salvaguardar el patrimonio público y garantizar que las auditorías en curso se desarrollen sin interferencias.

De acuerdo con el organismo de control, una auditoría practicada a la gestión municipal evidenció un presunto detrimento patrimonial que superaría los 700 millones de pesos, asociado a varios convenios suscritos durante la vigencia 2024. Entre los contratos cuestionados se encuentran iniciativas relacionadas con actividades deportivas y el mantenimiento de la Villa Olímpica, la celebración del mes de la niñez, programas de bienestar dirigidos a miembros de la Policía Nacional y la organización de fiestas patronales en el corregimiento de La Peña, todos ellos con montos significativos que ahora están bajo revisión.

La Contraloría también advirtió sobre la falta de reporte de contratos de obra ejecutados bajo la figura de urgencia manifiesta, cuyo valor superaría los 2.400 millones de pesos, así como la omisión en el registro de un empréstito con Findeter por 21.000 millones de pesos. Estas situaciones, según el ente de control, afectan la transparencia y la correcta trazabilidad de los recursos públicos.

Otro aspecto determinante para la suspensión fue la presunta obstrucción al ejercicio del control fiscal. El informe señala que la administración municipal habría respondido de manera incompleta o no habría atendido varios requerimientos de información. Incluso, uno de los contratistas involucrados aseguró que la firma que aparece en un certificado de disponibilidad presupuestal no le pertenece, situación que actualmente es objeto de verificación.

La medida fue notificada al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien deberá hacer efectiva la suspensión de manera inmediata. Esta decisión se suma a otras actuaciones previas del ente de control contra el mandatario local, entre ellas una sanción económica cercana a los 12 millones de pesos por no entregar oportunamente información solicitada en una auditoría de cumplimiento realizada en 2024.

Adicionalmente, la Contraloría mantiene abiertos procesos de responsabilidad fiscal por más de 4.241 millones de pesos, relacionados con una obra de alcantarillado ejecutada en el barrio Evaristo Sourdis, lo que agrava el panorama judicial y administrativo del alcalde suspendido mientras avanzan las investigaciones.