La Universidad del Atlántico volvió al centro del debate institucional tras la decisión del Consejo Superior de abrir una actuación administrativa para estudiar la solicitud de revocatoria directa del acto mediante el cual fue designado Leyton Barrios como rector para el periodo 2025–2029.
La determinación se tomó durante una maratónica sesión de diez horas en la que los consejeros analizaron los argumentos jurídicos y los documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que cuestionan la validez de la elección realizada el pasado 29 de octubre.
Dos propuestas en discusión
En la sesión se sometieron a consideración dos caminos:
Propuesta A: Iniciar formalmente una actuación administrativa, con base en los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, para evaluar la revocatoria directa de la designación de Barrios.
Propuesta B: Trasladar al rector la información enviada por el MEN y permitir que, desde su despacho, se adelanten las actuaciones correspondientes.
Finalmente, la mayoría se inclinó por la Propuesta A, que obtuvo cinco votos de los miembros:
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Eduardo Verano, gobernador del Atlántico
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Melissa Obregón, delegada del presidente de la República
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Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN
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Marley Vanegas, representante de los profesores
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Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores
Por su parte, la Propuesta B fue apoyada por cuatro votos:
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Ángely Díaz Cordero, representante estudiantil
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Abraham González, representante de los egresados
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Miguel Antonio Caro, representante de las directivas académicas
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Manuel Fernández, representante de los gremios
Transparencia y autonomía universitaria
El gobernador Eduardo Verano, quien preside el Consejo Superior, explicó que la decisión busca esclarecer lo actuado, garantizar transparencia y salvaguardar la autonomía institucional. Aseguró que el proceso académico de la universidad no se verá afectado mientras avanza la revisión administrativa.
Traslado a autoridades competentes
Verano también ordenó al secretario jurídico de la Gobernación, Rachid Náder Orfale, remitir a las autoridades competentes los documentos enviados por el MEN que señalan presuntas falsedades en las certificaciones presentadas para la designación del rector. Además, instruyó iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar la validez del nombramiento.
Con esta decisión, el Consejo Superior abre oficialmente un proceso que permitirá definir si la elección de Leyton Barrios se ajustó plenamente a la ley y a los principios de transparencia que rigen la administración pública y la vida universitaria.


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