La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 vuelve al centro del debate político y jurídico. Este martes, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reúne para votar la ponencia conjunta de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que concluye que la campaña del Pacto Histórico habría superado los topes de financiación por más de 3.500 millones de pesos.

De ser aprobada la propuesta, se impondrían sanciones económicas significativas contra varios de los responsables de la financiación y el manejo administrativo de la campaña. Entre ellos se encuentra Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, quien enfrentaría una multa aproximada de 596 millones de pesos. También estarían en la lista Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y Mary Lucy Soto, auditora, quienes podrían recibir sanciones por su papel en la administración de los recursos.

La ponencia, además, propone sancionar a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica con multas cercanas a 583 millones de pesos cada uno. Según el documento, las colectividades habrían “tolerado” presuntas irregularidades en el cumplimiento de los topes legales, por lo que estas sanciones serían descontadas de la financiación estatal que el CNE entrega a los partidos.

El proceso no ha estado exento de controversias. La votación ya había sido aplazada tras recusaciones contra magistrados. Álvaro Hernán Prada fue señalado de no tener imparcialidad debido a sus declaraciones públicas, mientras que Alba Lucía Velásquez fue apartada del caso por haber actuado como testigo electoral vinculada al Pacto Histórico.

La decisión que se tome hoy no solo tendrá un efecto económico, sino que también podría marcar un precedente político en la relación entre las instituciones electorales y el gobierno. Para los partidos de oposición, el proceso es una oportunidad para exigir transparencia en la financiación de campañas; mientras que para el Pacto Histórico, se trataría de un nuevo episodio de lo que consideran persecución política y activismo judicial.

La expectativa en el país es alta, pues el fallo del CNE podría generar un remezón en el panorama político nacional y añadir presión al gobierno de Gustavo Petro en un momento ya marcado por tensiones diplomáticas y controversias internas.