El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia para analizar la situación en Venezuela tras el despliegue militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, un encuentro que evidenció profundas diferencias entre los países miembros sobre la legalidad y las consecuencias de las acciones emprendidas por Washington.

La reunión, correspondiente a la sesión número 10085 del Consejo de Seguridad de la ONU, se desarrolló en horas de la mañana bajo la presidencia rotativa de Somalia. El debate se abrió con intervenciones de alto nivel, entre ellas la de Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz; Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible; y Mercedes De Freitas, representante de la sociedad civil venezolana.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Colombia, cuya representante ante la ONU rechazó de manera categórica la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano. En su intervención, calificó los hechos como una violación directa a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela, señalando que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza y que dichas acciones contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

A esta postura se sumaron otros países que expresaron su rechazo frontal a la actuación estadounidense. Rusia afirmó que no hay fundamento legal para lo que calificó como crímenes cometidos contra un Estado soberano, mientras que China sostuvo que Washington vulneró de manera grave la soberanía, la seguridad y los derechos del pueblo venezolano.

En contraste, la delegación de Estados Unidos defendió su proceder ante el Consejo, argumentando que no se trató de una guerra contra Venezuela ni contra su población, sino de una operación de cumplimiento de la ley. Según su representante, la acción tuvo como objetivo hacer efectivas acusaciones judiciales de larga data contra Nicolás Maduro y su esposa, relacionadas con narcoterrorismo, y proteger así la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Durante el debate también se escucharon posiciones más moderadas. Países como Francia y Panamá adoptaron un tono neutral, reconociendo que existen cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno de Maduro, pero advirtiendo que ninguna circunstancia justifica la violación del derecho internacional humanitario ni de los principios que rigen el sistema de Naciones Unidas.

La sesión dejó en evidencia la falta de consenso en la comunidad internacional frente a la crisis venezolana y el rol de Estados Unidos, así como la complejidad de un escenario que sigue generando tensiones diplomáticas, políticas y jurídicas en el máximo órgano de seguridad global.