El Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena para el periodo 2024-2027, al concluir que incurrió en doble militancia política, una falta que contraviene las normas constitucionales y legales sobre participación en política.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la alta corte, que acogió la demanda interpuesta contra Martínez por respaldar, en medio de la campaña electoral de 2023, a candidatas de un partido diferente al que lo avaló. El pronunciamiento judicial establece que el hoy exgobernador expresó públicamente su apoyo a María Charris y Miguelina Pacheco, quienes aspiraban por el Partido de la U al Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena, respectivamente.

El evento ocurrió el 21 de septiembre de 2023, en la Villa Olímpica de Santa Marta, y fue considerado por el tribunal como prueba suficiente de que Martínez vulneró el artículo 107 de la Constitución Política, así como el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, que regulan el principio de la exclusividad de militancia política para los candidatos avalados por movimientos o partidos.

Rafael Martínez fue elegido bajo el respaldo de Fuerza Ciudadana, movimiento político del cual hace parte desde hace varios años y con el que alcanzó anteriormente la Alcaldía de Santa Marta. Sin embargo, su participación en actos proselitistas de otras colectividades constituye una transgresión al régimen legal vigente, según lo explicó el fallo.

El Consejo de Estado también se amparó en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece la nulidad de una elección cuando el candidato vulnera las causales de inhabilidad o inelegibilidad previstas por la ley.

Con esta determinación, Rafael Martínez deberá abandonar de inmediato su cargo como gobernador del Magdalena. En los próximos días, se conocerá el nombre del funcionario encargado de asumir la administración departamental mientras se define el mecanismo para reemplazarlo de manera definitiva.

La decisión ha generado un fuerte impacto en el escenario político regional, especialmente en el movimiento Fuerza Ciudadana, desde donde se anticipa una reacción jurídica y política. A su vez, se abre un nuevo debate nacional sobre la responsabilidad de los dirigentes frente al cumplimiento de las reglas electorales y la necesidad de fortalecer el régimen de partidos para garantizar la transparencia democrática.