El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación y al Ministerio de Defensa por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, quien perdió la vida durante los trágicos hechos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Según la sentencia, el Estado no garantizó la seguridad necesaria al recinto judicial y, además, la retoma militar fue ejecutada de manera desproporcionada, lo que contribuyó a la muerte del funcionario.

En el fallo, la corporación señaló que la muerte del magistrado fue consecuencia tanto de la toma violenta e indiscriminada del M-19 como de la omisión estatal al no brindar protección efectiva y por el uso excesivo de la fuerza durante la operación militar para recuperar el edificio.

El Consejo de Estado fue enfático en que el ataque perpetrado por el grupo insurgente no puede ser considerado un acto de rebeldía política ni una gesta heroica, sino una agresión directa contra las instituciones democráticas. “La toma del Palacio de Justicia representó una de las afrentas más graves contra el Estado de derecho y la majestad de la justicia, pilares fundamentales de la sociedad colombiana”, indicó la sentencia.

La decisión judicial ordena al Estado indemnizar a los familiares del magistrado Echeverry por los perjuicios morales y el lucro cesante derivados de su muerte. Además, se dispone la publicación del fallo en un medio de amplia circulación y la realización de un acto público de perdón, como parte de las medidas de reparación y reconocimiento de responsabilidad.

El Consejo de Estado también exhortó al Ministerio de Defensa a presentar una acción de repetición contra los responsables del ataque, específicamente contra el movimiento M-19 o sus antiguos comandantes, con el fin de que respondan por su participación en los hechos y por el daño causado a la familia del magistrado.

Esta decisión se suma a los pronunciamientos judiciales que buscan esclarecer las responsabilidades estatales y subversivas en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia, reafirmando la obligación del Estado de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.