El viernes 23 de agosto, el Consejo de Estado dictó una resolución confirmando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plena autoridad para proseguir con la investigación sobre las posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El alto tribunal dictaminó que el CNE está habilitado para llevar a cabo la investigación administrativa relacionada con las campañas interpartidistas y presidenciales de 2022, en las que Petro fue candidato.
El Consejo de Estado estableció que el CNE puede continuar con la revisión de los informes de ingresos y gastos de la Coalición Pacto Histórico, y que puede imponer sanciones administrativas si se comprueban irregularidades. A pesar de las objeciones previas del presidente Petro respecto al papel del CNE en esta investigación, el consejo ha ratificado la competencia del ente electoral para supervisar el caso.
Además, el Consejo de Estado ha delegado al Congreso de la República la responsabilidad de determinar cualquier sanción que pueda implicar la pérdida del cargo presidencial, siguiendo el procedimiento para investigaciones y juicios por indignidad política.
Con esta decisión, se ha habilitado al CNE para que su sala plena vote sobre la propuesta de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Estos magistrados han solicitado que se formulen cargos contra Gustavo Petro y su gerente de campaña, Ricardo Roa, en relación con la gestión financiera de la campaña presidencial.
