El Consejo de Estado determinó que tiene competencia para tramitar solicitudes de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro cuando las acusaciones estén relacionadas con actuaciones ocurridas durante su periodo como congresista. La decisión fue adoptada por la Sala Plena luego de varios años de debates jurídicos sobre cuál instancia debía analizar este tipo de procesos cuando el implicado ocupa la jefatura del Estado.

La discusión se remonta a septiembre de 2022, poco después de la posesión presidencial, cuando una sala especial del alto tribunal concluyó que el órgano competente para investigar al mandatario era la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, tras recursos presentados por el abogado demandante, el caso fue revisado nuevamente y terminó en manos de la Sala Plena, que evaluó la naturaleza de las acusaciones y el momento en que habrían ocurrido los hechos.

El recurso fue impulsado por el jurista Joan Sebastián Moreno, quien solicitó que se revisara la decisión inicial. Durante una extensa sesión realizada el 10 de febrero de 2026, los magistrados analizaron diferentes ponencias hasta que prosperó el proyecto presentado por el magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, el cual estableció que la corporación sí puede estudiar procesos relacionados con la llamada “muerte política” cuando estos estén ligados al desempeño previo del presidente como senador.

La demanda sostiene que Petro habría incurrido en una posible causal de pérdida de investidura por ausencias injustificadas durante su periodo en el Congreso. No obstante, el avance del proceso no implica consecuencias inmediatas sobre su permanencia en la Presidencia, ya que el análisis se centra exclusivamente en hechos anteriores a su mandato actual y no en su gestión como jefe de Estado.

Tras la decisión, el magistrado ponente deberá definir el cronograma de audiencias, la práctica de pruebas y las etapas procesales que seguirán en el expediente. El Consejo de Estado suele tardar varios meses en emitir fallos definitivos en este tipo de casos, por lo que el trámite apenas inicia su fase formal de estudio.

Expertos jurídicos señalan que la determinación marca un precedente relevante sobre la competencia del tribunal frente a procesos que involucran a funcionarios que cambiaron de cargo público, pues delimita el alcance entre la jurisdicción administrativa y los mecanismos de control político existentes en el país. Mientras tanto, el proceso continuará su curso dentro del alto tribunal sin que, por ahora, se genere una afectación directa sobre el ejercicio presidencial.