Un nuevo proyecto de ley presentado por congresistas republicanos en el Capitolio ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes. La propuesta, que aún se encuentra en discusión en el comité judicial de la Cámara de Representantes, plantea imponer tarifas históricas a trámites migratorios como el asilo, los permisos de trabajo y el ajuste de estatus.

El documento, introducido el pasado 27 de abril, busca transformar el modelo de financiamiento de ciertas agencias federales, alineándolo con una visión más restrictiva de la política migratoria impulsada por el actual gobierno del expresidente Donald Trump, quien ha regresado al poder con una agenda centrada en el control migratorio.

Asilo con costo: ¿una barrera económica?

Entre las medidas más polémicas, se encuentra la intención de cobrar un mínimo de 1.000 dólares a cada persona que solicite asilo en Estados Unidos, una práctica que hasta ahora ha sido completamente gratuita. De ser aprobada, esta sería la primera vez en la historia del país que se pone precio a una petición de protección humanitaria.

“El presidente Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes están decididos a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado”, aseguró el comité promotor en un comunicado oficial.

La medida impactaría directamente a migrantes de países en crisis como Venezuela, Afganistán o Haití, donde reunir esa cantidad de dinero puede tomar meses o incluso años. Solo en 2023, más de 54.000 personas obtuvieron asilo en Estados Unidos, muchas de ellas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

🚨Nuevo proyecto de ley migratorio:

Imponen tarifas de $1,000+ para solicitudes de asilo y parole.

Permisos de trabajo (EAD) durarán solo 6 meses y costarán $550 cada vez.

Se cobrará $100 por cada aplazamiento en corte de inmigración.

No habrá exenciones de pago. pic.twitter.com/W94KSKY4On

— John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) April 28, 2025

Más cobros y menos vigencia

La propuesta legislativa también contempla el cobro de 550 dólares por la solicitud de permisos de trabajo (EAD), con una vigencia reducida a seis meses. Esto obligaría a los migrantes a renovar y pagar la tarifa dos veces al año, encareciendo aún más su permanencia legal en el país.

Además, quienes deseen ajustar su estatus migratorio ante un juez de inmigración tendrían que pagar 1.500 dólares, y cada solicitud de aplazamiento de audiencia en corte costaría 100 dólares. “Esto impone una carga económica brutal sobre personas que ya luchan por estabilizarse en el país”, advirtió el abogado de inmigración John de la Vega.

$8.500 por patrocinar a un menor migrante

Otra disposición controvertida del proyecto es la que impone un cobro de 8.500 dólares a los adultos que deseen patrocinar a un menor migrante no acompañado. Aunque se establece un posible reembolso de 5.000 dólares si el menor cumple con su audiencia en corte, organizaciones como el American Immigration Council señalan que esta medida podría desalentar los patrocinios, aumentando el número de niños bajo custodia federal.

Más agentes, más control

En paralelo, el proyecto destina recursos para contratar 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional, con el argumento de reforzar la capacidad operativa para frenar la migración irregular.

A pesar de que la propuesta aún no es ley, los expertos coinciden en que se trata de una iniciativa seria y estructurada que refleja el enfoque migratorio de la actual administración republicana. Si el proyecto logra ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, pasaría directamente al escritorio del presidente Trump para su firma.

Mientras tanto, defensores de los derechos migrantes siguen atentos al avance del debate, denunciando que estas reformas profundizarían las desigualdades y pondrían en riesgo a miles de personas que ven en Estados Unidos una oportunidad de reconstruir sus vidas.