La situación judicial y diplomática de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tomó un giro definitivo luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que solicitará formalmente al gobierno de Nicaragua la entrega del funcionario, señalado por la Fiscalía en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

González, quien se encuentra actualmente en territorio nicaragüense, enfrenta imputaciones por delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. A través de su cuenta en X, el presidente Petro negó haber gestionado algún tipo de protección para el exfuncionario en Managua y fue enfático en señalar que “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se pedirá al gobierno nicaragüense que sea entregado, si es residente en ese país”.

Los documentos revelados por medios nacionales muestran que el exdirector del Dapre obtuvo residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que fue imputado por la Fiscalía. Aunque ya tenía una residencia temporal desde diciembre de 2024, esta vencía en junio de 2025. La renovación fue tramitada desde la embajada de Colombia en Managua mediante una Nota Verbal firmada por el encargado de negocios, lo que avivó sospechas de posibles gestiones institucionales para facilitar su permanencia.

El exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, reconoció que González vivió junto a su esposa y otros diplomáticos en la residencia oficial de la misión colombiana entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. “Como amigo lo recibí y como amigo lo atendí. La comida la compramos nosotros. Era una cosita de vivienda”, declaró Muñoz, aclarando que en ese momento no existía una orden de captura contra el exfuncionario.

La Cancillería colombiana se desmarcó del trámite migratorio y aseguró que la nota enviada en mayo de 2025 no fue autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La actual canciller, Rosa Villavicencio, y la entonces jefa de cartera, Laura Sarabia, hoy embajadora en Reino Unido, negaron cualquier responsabilidad en la gestión.

La Fiscalía General de la Nación, que ya solicitó circular roja de Interpol, avanza en el proceso de acusación basado en los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien aseguró que González habría participado en la repartición de contratos y sobornos a congresistas para garantizar la aprobación de proyectos legislativos.

La oposición ha exigido explicaciones sobre el papel de la red diplomática en Managua y acusa al gobierno de encubrir a un prófugo de la justicia, mientras desde el oficialismo se insiste en que no existió intención de protegerlo.

El caso ahora se traslada al terreno diplomático. Si Interpol emite la circular roja, Colombia podrá gestionar formalmente la extradición o entrega directa de González, aunque su concreción dependerá de la decisión del gobierno de Daniel Ortega.

La permanencia del exdirector del Dapre en Nicaragua, las gestiones migratorias y la demora en su captura mantienen viva la polémica, mientras la administración Petro busca mostrar distancia con un mensaje claro: no habrá refugio para González, y se pedirá su entrega a las autoridades colombianas.