El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá este jueves a las seis de la tarde para analizar la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que propone sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro, a su gerente Ricardo Roa y a otros directivos por presuntas irregularidades en la financiación y por superar los topes electorales durante la primera y segunda vuelta de 2022.

La propuesta plantea imponer multas superiores a los 6.000 millones de pesos, distribuidas entre los responsables financieros y algunos partidos del Pacto Histórico, como Colombia Humana y la Unión Patriótica. En el documento, los magistrados señalan que hubo aportes no reportados y movimientos económicos que habrían vulnerado la normativa electoral vigente.

Para aprobar o rechazar la ponencia se requieren seis votos dentro del alto tribunal. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso afirman que las mayorías estarían en duda. Aunque en días anteriores se hablaba de un bloque de seis magistrados a favor de sancionar, se conoció que uno de ellos no tendría clara su posición, lo que dejaría en cinco los votos asegurados, número insuficiente para una decisión definitiva.

A la situación se suma que los magistrados Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez fueron apartados del proceso tras aceptar sus impedimentos, debido a su relación previa con el Pacto Histórico. En caso de no lograrse una votación completa, el CNE deberá designar conjueces para resolver el empate, lo que podría aplazar la decisión hasta la próxima semana.

La ponencia, además de sancionar a Roa —actual presidente de Ecopetrol—, incluye multas para la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón, por su presunta participación en las inconsistencias financieras. Si el Consejo aprueba la propuesta, se convertiría en la primera vez en la historia del país que una campaña presidencial es sancionada por violar los topes de financiación electoral.

El debate será clave para definir el futuro jurídico de los responsables de la campaña y marcaría un precedente en materia de control a la financiación política en Colombia.