La controversia sobre las implicaciones jurídicas de la consulta presidencial de la izquierda, prevista para el próximo 26 de octubre, sigue generando debate. El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Baquero advirtió que los aspirantes que participen en dicho proceso podrían quedar inhabilitados para integrar una eventual coalición del Frente Amplio en las elecciones de 2026.

Durante una intervención pública, Baquero explicó que la ley electoral establece restricciones claras para los candidatos que se someten a una consulta interna. “Cuando se selecciona un candidato, lo dice la Ley 1475, se está obligado al resultado de la consulta. Si la pregunta en el tarjetón define cuál de los aspirantes será el candidato a la Presidencia, ninguno de ellos podrá participar posteriormente en otra consulta interpartidista”, señaló el magistrado.

El funcionario hizo referencia a consultas pasadas, donde las preguntas fueron más amplias y permitían mayor flexibilidad en las alianzas posteriores. Sin embargo, en esta ocasión, precisó que el planteamiento de la consulta del Pacto Histórico estaría encaminado a definir directamente una candidatura presidencial, lo que activaría las restricciones legales contempladas por el CNE.

Aunque Baquero evitó referirse de manera directa al caso de Daniel Quintero, quien recientemente anunció su retiro de la consulta, sus declaraciones abren la puerta a interpretaciones sobre una posible inhabilidad del exalcalde de Medellín para continuar en la contienda por fuera de la coalición. “El artículo séptimo de la Ley 1475 de 2011 establece que si una persona inscrita en una consulta renuncia, no puede participar en la misma elección o en la corporación correspondiente. Es una norma de carácter estatutario”, recordó.

Pese a las declaraciones del magistrado, el Consejo Nacional Electoral aún no ha emitido una posición oficial como cuerpo colegiado sobre el impacto jurídico que podría tener la consulta del Pacto Histórico en las aspiraciones de sus participantes. Baquero enfatizó que el tribunal solo podrá pronunciarse formalmente “cuando el caso llegue al CNE y se estudie en sala plena”.

Mientras tanto, el debate político continúa abierto, y las interpretaciones legales sobre el futuro de los precandidatos de la izquierda —entre ellos Iván Cepeda, Carolina Corcho y el propio Quintero— podrían redefinir el panorama electoral de cara a los comicios presidenciales de 2026.