Los cierres en la vía Bogotá–Villavicencio han desatado un impacto económico y social sin precedentes. Según Henry Palma, director de la Cámara de Comercio de Villavicencio, las pérdidas ascienden a 50.000 millones de pesos diarios, afectando gravemente al transporte, la agroindustria, el comercio y el turismo de la región. Transportadores como Juan Carlos, camionero afectado, relatan que además de los sobrecostos, deben soportar hambre, inseguridad y el riesgo de perder mercancía perecedera.

De acuerdo con Palma, los sectores productivos más golpeados son la ganadería, la palma, el arroz y los frutales, que en conjunto pierden 18.000 millones de pesos al día. El comercio deja de percibir 10.000 millones, el turismo 5.000 millones y la agroindustria alrededor de 3.000 millones. La producción agropecuaria presenta un descenso del 15 %, mientras que el transporte sufre afectaciones entre el 20 % y el 30 %.

El dirigente gremial advirtió que los cierres han provocado escasez de gasolina en las estaciones de servicio y encarecimiento de la canasta familiar. “La canasta familiar se afecta porque muchos de los productos se traen del interior del país y, de aquí hacia allá, también enviamos producción que alimenta a otras regiones”, explicó.

Como alternativa, los transportadores recurren a rutas como el Cisga, UNE o Cusiana, aunque con sobrecostos y trayectos mucho más largos. Palma detalló que en ocasiones deben recorrer de 12 a 16 horas por Casanare, 9 horas por el Cisga o 6 horas por UNE; en otros casos, recurren al transporte aéreo, lo que incrementa aún más los costos.

El testimonio de los conductores refleja las difíciles condiciones en carretera. Juan Carlos contó que las vías alternas presentan fallas geológicas y obligan a transitar por trochas peligrosas, ocasionando accidentes y varadas. “Aquí se aguanta hambre porque no hay restaurantes cercanos ni señal telefónica. Además, la plata se escasea, y si uno no trabaja, no come”, dijo. También señaló que no hay baños disponibles y que los productos perecederos como plátano y yuca se pierden con facilidad si no llegan rápido a su destino.

A esto se suma la inseguridad. “Estamos a la intemperie. Hay caminantes pendientes de lo ajeno, y nos toca cumplir horarios entre compañeros para mantener la seguridad, porque la policía no puede estar recorriendo permanentemente el corredor”, agregó.

Ante esta situación, los gremios han solicitado al Gobierno nacional una inversión de 1,3 billones de pesos para atender 200 puntos críticos de la vía. Palma recordó que el compromiso inicial fue de 380.000 millones para intervenir 20 puntos, pero solo se han invertido 40.000 millones en tres. En paralelo, Villavicencio enfrenta problemas de abastecimiento de agua y requiere hasta 700.000 millones para solucionar estructuralmente su sistema de acueducto.

El llamado de los empresarios y transportadores es urgente: inversiones reales, soluciones estructurales y garantías para un corredor vital para la economía nacional.