El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 ha generado un intenso debate en el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, vocero del Centro Democrático en las comisiones económicas, advirtió que el documento debe ser devuelto por no cumplir con los principios de equilibrio entre ingresos y gastos, y por contener errores técnicos que comprometerían la estabilidad fiscal del país.

Durante una entrevista en La FM, Garcés expresó su preocupación por el crecimiento acelerado de los gastos de funcionamiento del Estado frente a la inversión pública. Según el congresista, mientras el gasto operativo ha aumentado en un 74% desde 2022, la inversión apenas ha crecido un 27%. “Por cada peso que se destina a inversión, se gastan cuatro en funcionamiento. Eso es insostenible y demuestra que el gobierno no está tomando decisiones responsables para optimizar el uso de los recursos”, señaló.

El parlamentario insistió en que los ciudadanos esperan que los recursos públicos se reflejen en obras de infraestructura, educación, salud y vivienda, y no en una burocracia que, a su juicio, sigue en expansión. Denunció además que el presupuesto está desfinanciado y que el Gobierno contempla una nueva ley de financiamiento para recaudar 26 billones de pesos, sin que se conozcan aún los detalles del proyecto. Recordó que una propuesta similar presentada el año pasado por 12 billones fue rechazada.

“Este presupuesto no es realista. Se pretende pedir más dinero a los colombianos para pagar nóminas y gastos operativos, mientras la inversión apenas aumentará en 5 billones. Eso no es justo ni sostenible”, afirmó Garcés, quien también cuestionó el incremento de cargos en entidades como el Ministerio de Igualdad y la Cancillería, que suman más de 1.250 nuevos empleos en la Rama Ejecutiva.

El congresista expresó su inquietud frente al riesgo de que en un año preelectoral el Ejecutivo utilice estos recursos como herramienta para influenciar votaciones en el Congreso. “No podemos permitir que se compren mayorías con contratos o componendas. Este debate debe ser técnico, transparente y enfocado en las verdaderas necesidades del país”, dijo.

En cuanto al procedimiento legislativo, Garcés explicó que las comisiones económicas tienen plazo hasta el 15 de agosto para devolver el proyecto de presupuesto, y que el Gobierno tiene hasta el 30 del mismo mes para corregir y presentar una nueva versión. Aunque reconoció que la Cámara de Representantes podría tener una mayoría afín al gobierno, aseguró que desde el Senado y con figuras como el senador Quique Cabrales, nuevo integrante de la comisión cuarta, se dará la pelea por un presupuesto responsable y coherente con la realidad económica nacional.

El futuro del presupuesto 2026 dependerá ahora del pulso político y técnico que se dé en las próximas semanas en el Congreso, donde la presión por garantizar inversión social y controlar el gasto burocrático estará en el centro del debate.