La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes la captura del senador Iván Name, expresidente del Senado, en el marco del escándalo por corrupción que compromete a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La medida de aseguramiento, que también cobija al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, marca un punto crítico en una investigación que sacude los cimientos del poder legislativo colombiano.

La Sala de Instrucción del alto tribunal tomó la decisión tras evaluar material probatorio que incluye interceptaciones, documentos y testimonios, entre ellos los del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla. Ambos señalaron directamente a Name como beneficiario de un soborno de $3.000 millones de pesos, supuestamente entregados en su apartamento al norte de Bogotá. El dinero habría sido proporcionado, según la investigación, por la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, con el fin de obtener apoyo político a reformas clave del Ejecutivo y facilitar el nombramiento de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

La decisión fue sustentada por el magistrado ponente Francisco Farfán, quien consideró que existían méritos suficientes para imponer una medida intramural, es decir, privativa de la libertad, mientras avanzan las diligencias judiciales. Name, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que se trata de falsos testimonios, aunque el curso del proceso le había hecho anticipar el resultado. En una intervención reciente ante el Senado, el congresista expresó lo que pareció ser una despedida, advirtiendo que su detención era inminente.

La captura también se extiende a Andrés Calle, quien deberá responder por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación. Las penas para estos delitos, según el Código Penal colombiano, oscilan entre los 3 y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y la cuantía del daño al erario.

El caso UNGRD ha puesto al descubierto un entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos para comprar voluntades en el Congreso. La Corte Suprema ya estudia nuevas órdenes de captura, incluidas las de varios exministros del actual gobierno que también habrían sido salpicados por el escándalo.

Este nuevo capítulo judicial reaviva la tensión política y plantea serias preguntas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la ética de quienes lideran el país. Con la detención de Iván Name, la justicia colombiana lanza un mensaje contundente: no hay fuero que impida que los actos de corrupción sean investigados y castigados.