La senadora María Fernanda Cabal presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia penal en la que pide investigar al presidente Gustavo Petro por presuntos nexos del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá, revelaciones que surgieron tras el análisis de dispositivos incautados en un operativo militar en Antioquia.

La congresista solicita que se indague al mandatario por los presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación ilegal de campaña y traición a la patria, a partir de señalamientos sobre una posible infiltración de estructuras armadas ilegales en el Gobierno y en las Fuerzas Militares.

Según el documento radicado, en los elementos electrónicos que estaban en poder de cabecillas del Estado Mayor Central habrían aparecido mensajes, anotaciones y referencias que incluirían frases como “Petro presidente”, así como presuntos comentarios que aludirían a gestiones o acercamientos durante la campaña presidencial de 2022.

La denuncia advierte que, de comprobarse la existencia de aportes o respaldos de un grupo armado ilegal, se configuraría una violación a las normas electorales y penales:
“Los grupos armados al margen de la ley son fuentes expresamente prohibidas para financiar campañas políticas”, sostiene el texto.

Cabal señala además que la conducta podría encajar en el artículo 396A del Código Penal, que contempla sanciones cuando un servidor público permite o recibe apoyos provenientes de fuentes ilícitas. Por esta razón, insiste en que la Comisión de Acusación debe verificar la información, determinar su autenticidad y establecer si hubo o no participación del presidente en este tipo de conductas.

En cuanto al delito de concierto para delinquir, la senadora asegura que podría haberse configurado si existió algún tipo de alianza o encubrimiento para favorecer a las disidencias, especialmente bajo la política de paz total del Gobierno.

“Debe la Comisión darle trámite a esta denuncia. Petro no puede escapar a los efectos de la justicia”, afirmó Cabal al finalizar la radicación del documento.

La Comisión de Acusación deberá ahora decidir si abre o no investigación formal frente a estos señalamientos, en medio de una controversia que sigue generando tensión política en el país.