La Corte Suprema de Brasil ha fijado el 25 de marzo como la fecha clave para decidir si abre un juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía General desestimó este jueves los argumentos presentados por la defensa de Bolsonaro y reiteró la acusación contra el exmandatario de ultraderecha (2019-2022) por haber planeado un complot para impedir la toma de posesión de Lula. Si bien el plan no se concretó, la fiscalía sostiene que existió una organización con ese propósito.

Un proceso judicial acelerado

La audiencia del 25 de marzo no determinará la culpabilidad o inocencia de Bolsonaro, sino si existen suficientes pruebas para abrir un juicio en su contra ante el máximo tribunal del país. Aunque no hay un plazo límite para que los jueces tomen una decisión, es posible que la resolución se dé el mismo día.

El anuncio de la fecha generó una reacción inmediata por parte del exmandatario, quien en su cuenta de la red social X ironizó sobre la rapidez del proceso. “Parece que el debido proceso legal, por aquí, funciona a la velocidad de la luz”, escribió, cuestionando que el caso llegue a esta instancia en poco más de un año.

Acusaciones y defensa de Bolsonaro

Bolsonaro enfrenta cargos junto con otras 33 personas, bajo acusaciones de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.

Su equipo de defensa presentó objeciones argumentando que la Corte Suprema no es competente para juzgar al exmandatario y denunciaron que no tuvieron acceso completo a la evidencia recopilada en la investigación. Sin embargo, la fiscalía rechazó estas objeciones en un documento de 24 páginas, calificándolas de infundadas.

Uno de sus abogados, Paulo Cunha Bueno, expresó en redes sociales su “indignación” y sostuvo que se trata de un “proceso penal contaminado”. Bolsonaro, por su parte, se declara inocente y asegura ser víctima de una persecución política. “¿Con qué fin? Sacarme del escenario político para el año próximo”, afirmó a medios de comunicación.

Impacto político y movilizaciones

Actualmente inhabilitado políticamente hasta 2030 por difundir desinformación sobre el sistema de votación electrónica en Brasil, Bolsonaro busca revertir su veto en el Congreso para postularse nuevamente en 2026. En este contexto, ha convocado para el domingo una manifestación en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para pedir la amnistía de los detenidos por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, pocos días después de la investidura de Lula.

El país se mantiene expectante ante lo que podría ser un punto de inflexión en la política brasileña, con un expresidente que aún mantiene una fuerte base de seguidores y un proceso judicial que podría redefinir el futuro político de la nación.