El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, encendió las alarmas frente al creciente deterioro financiero y operativo de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, advirtiendo que la situación está golpeando de manera directa a la red hospitalaria del distrito y afectando la atención de miles de usuarios.

Según Bermont, las intervenciones hechas por falta de solvencia no han corregido los problemas estructurales. “El deterioro de la cartera es impresionante”, aseguró, al señalar que en la capital se han profundizado los retrasos en pagos, la entrega de medicamentos y la prestación de servicios. La deuda de estas EPS con la red pública pasó de 136 mil millones a 270 mil millones de pesos en poco tiempo.

Pacientes de otras regiones terminan en urgencias de Bogotá

El secretario reveló que hospitales del distrito están recibiendo un creciente número de pacientes remitidos desde departamentos como Caquetá, Caldas y La Guajira, principalmente afiliados a Famisanar y a la Nueva EPS, dos de las entidades bajo intervención. “Bogotá mantiene la atención, pero esta no puede ser la solución permanente. La situación exige un pronunciamiento nacional”, advirtió.

Bermont recalcó que aunque el distrito destinó 260 mil millones de pesos para fortalecer las cuatro subredes de salud, la deuda de solo una de las EPS intervenidas supera ese monto, consumiendo recursos que deberían destinarse a la atención de los bogotanos.

Interventores sin junta directiva y sin gobierno corporativo

Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario es la ausencia total de gobierno corporativo en las EPS bajo intervención. “Los agentes interventores no tienen junta directiva ni gobierno corporativo, y eso impacta la contratación, la gestión y la calidad del servicio”, afirmó.

Esta falta de estructura está afectando a clínicas, hospitales, proveedores y, especialmente, a los pacientes que se ven obligados a buscar atención en Bogotá debido a la suspensión de servicios en sus territorios.

Sobre el futuro de la Nueva EPS: capitalización solo si levantan la intervención

El secretario también se refirió al cambio en el control accionario de la Nueva EPS y al posible uso del artículo 96 del Plan de Desarrollo, que permitiría fortalecer patrimonialmente la entidad. No obstante, Bermont fue claro en que cualquier capitalización sería inútil mientras se mantenga la intervención.

“Sin levantar la medida no habrá gobierno corporativo. No imagino al Ministerio de Hacienda capitalizando una EPS manejada por un interventor sin junta directiva”, manifestó. Para él, el proceso solo tendría efecto si se garantiza un modelo de administración sólido y responsable.

La EPS más grande del país necesita un liderazgo real

Bermont concluyó que la salida a la crisis dependerá de que la Nueva EPS —que concentra más de 12 millones de afiliados— cuente con una dirección fuerte y un equipo gerencial capaz de manejar su tamaño y sus retos operativos. Solo así, dijo, se podrá garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema.

Desde Bogotá, el llamado es urgente y nacional: se requiere una revisión estructural del manejo de las EPS intervenidas antes de que el colapso financiero siga trasladándose a los hospitales públicos y a los usuarios.