El Distrito de Barranquilla reafirmó su posición histórica y legal frente al proceso de deslinde territorial en curso, luego del fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Ordenanza 075 de 2010, expedida por la Asamblea del Atlántico, al considerar que esta carecía de competencia para definir límites. La decisión dejó sin validez el trazado aprobado hace 15 años y abrió la puerta para corregir la línea limítrofe con base en las normas que han definido tradicionalmente el territorio del Distrito: la Ordenanza 30 de 1913 y el Acto Legislativo 01 de 1993.
Desde que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) abrió en mayo de 2025 la operación de deslinde, Barranquilla ha participado de forma activa y transparente, presentando argumentos históricos, técnicos y cartográficos que sustentan la pertenencia de los territorios en disputa. La postura del Distrito se basa especialmente en el informe de deslinde elaborado por el propio IGAC entre 2005 y 2009, que incluyó trabajo de campo, análisis normativo, cartografía histórica y trazado georreferenciado, todos favorables a la ciudad.
Para la Administración Distrital, cualquier intento de desconocer esta línea limítrofe constituye un acto de injusticia frente a la historia, la legalidad y los derechos de los barranquilleros. “Nuestros ciudadanos reclaman estabilidad territorial que garantice acceso equitativo a los servicios locales sin vulnerar su dignidad ni identidad cultural. Barranquilla seguirá firme en la defensa de los derechos e intereses de sus habitantes, quienes anhelan la recuperación de un territorio que injustamente les fue arrebatado”, señaló la Alcaldía.
En el proceso que viene, se firmará un acta de deslinde con las pretensiones de ambas partes y se presentarán sustentaciones ante el IGAC para la elaboración de un informe definitivo que será remitido al Congreso de la República. Este tendrá un plazo de un año para expedir una ley que establezca los límites definitivos.
Mientras el Congreso toma la decisión final, Barranquilla continuará insistiendo en que el IGAC refleje en su cartografía oficial un trazado acorde con la legalidad, la tradición histórica y los derechos legítimos de la ciudad. La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en que este proceso fortalecerá la seguridad jurídica del territorio y reiteró su compromiso inquebrantable: proteger la soberanía de Barranquilla, defender cada metro de su patrimonio y velar por la dignidad de su gente.
Con esta posición, Barranquilla se mantiene como ejemplo de respeto institucional y, al mismo tiempo, de firmeza en la defensa legítima de su territorio.