El departamento del Atlántico anunció nuevas medidas para enfrentar el avance de estructuras delincuenciales que han intensificado la violencia en la región. Durante un Consejo de Seguridad con presencia del Gobierno nacional, el gobernador Eduardo Verano dio a conocer un paquete de recompensas que suma hasta 528 millones de pesos destinado a obtener información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas responsables de disputas criminales en el territorio.

Según explicó el mandatario, las autoridades buscan fortalecer el trabajo conjunto con la ciudadanía para cerrar el cerco contra líderes de organizaciones ilegales señalados de promover homicidios, extorsiones y enfrentamientos entre bandas. Entre los objetivos priorizados se encuentran integrantes de estructuras como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo, grupos que mantienen una confrontación que ha impactado la seguridad del departamento en los últimos meses.

Durante su intervención, Verano manifestó preocupación por el incremento de hechos violentos asociados a ajustes de cuentas y solicitó al Gobierno nacional mayor claridad sobre el alcance de los diálogos de paz urbanos, al considerar que el país necesita certezas sobre los resultados de estos procesos y las acciones que se implementarán para evitar que se traduzcan en más inseguridad.

El gobernador también cuestionó el alto porcentaje de capturas por porte ilegal de armas que no terminan en medidas efectivas de aseguramiento, señalando que la mayoría de detenidos recupera la libertad rápidamente. A su juicio, esta situación afecta la moral de la Fuerza Pública y genera frustración entre los ciudadanos, por lo que insistió en la necesidad de decisiones judiciales más contundentes frente a la reincidencia delictiva.

En paralelo, destacó que el departamento avanza en una inversión histórica cercana a un billón de pesos destinada a fortalecer la infraestructura policial, mejorar la movilidad de los uniformados y ampliar el uso de tecnología e inteligencia para combatir el crimen. Dentro de estas acciones se incluyen sistemas de vigilancia y analítica que ya han sido probados en eventos masivos con resultados positivos en la prevención del delito.

Por su parte, el ministro de Defensa reiteró que, aunque el Gobierno mantiene espacios de diálogo con organizaciones al margen de la ley, las operaciones de la Fuerza Pública continuarán para garantizar la seguridad y evitar que grupos criminales interfieran en la estabilidad del departamento o en los procesos democráticos. Con estas medidas, las autoridades buscan enviar un mensaje de firmeza frente a la criminalidad y fortalecer la articulación institucional para recuperar la tranquilidad en el Atlántico.