Varias instituciones del Estado sufrieron las consecuencias de un ataque cibernético dirigido a IFX Network, una compañía de servicios de comunicación y plataformas digitales que tiene presencia en varios países, informaron este miércoles fuentes oficiales.
El ciberataque afectó portales y páginas del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El MinTIC explicó que desde el 12 de septiembre IFX Networks sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware («secuestro» digital de información y aplicaciones), que afectó a cerca de 762 compañías en Latinoamérica.
«El proveedor IFX reporta que el equipo técnico se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio (…) se solicita atención priorizada para el sector salud, con el fin de mitigar el impacto causado por este incidente en atención digital, trámites, entre otros, así como otras entidades que también requieren apoyo para continuar con su operación», añadió la información.
Para responder a la contingencia, el Gobierno colombiano instaló el Puesto de Mando Unificado Ciber (PMU Ciber), con el fin de solucionar los daños causados, entre otros, al Poder Judicial.
Debido al ciberataque a IFX Networks, la Rama Judicial colombiana informó en la red social X que «dispuso (…) suspender términos judiciales en el territorio nacional, a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, salvo para las acciones de tutela (recursos de amparo), hábeas corpus y la función de control de garantías».
Por su parte, la Fiscalía autorizó el desplazamiento de un equipo especializado a las oficinas de IFX en Colombia, con el fin de recibir la denuncia y la disposición de elementos probatorios.
DE GRAN IMPACTO
Entre tanto la Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado que «los ataques han tenido un impacto grave en las plataformas de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y en sistemas esenciales para el funcionamiento de la justicia en Colombia».
La Defensoría indicó que los ataques informáticos a entidades gubernamentales o estatales pueden vulnerar derechos humanos y fundamentales, especialmente los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la seguridad y a la justicia.
«Todo esto está ocurriendo por cuenta de un ciberataque a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y donde están alojados incontables servicios digitales en Colombia y fuera del país. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos fundamentales, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos», afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho. EFE
