La Casa Blanca enfrentó este lunes un nuevo capítulo de presión política y diplomática tras la operación militar ejecutada en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense sostuvieron reuniones a puerta cerrada con líderes del Congreso para informar los alcances y motivaciones del operativo, en medio de cuestionamientos por la falta de una estrategia clara y la ausencia de consultas previas al poder legislativo.

De acuerdo con fuentes legislativas, durante los encuentros se expresaron inquietudes incluso desde sectores tradicionalmente cercanos a la administración, que advirtieron sobre el riesgo de una política exterior de carácter expansionista y con consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional. Las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo no lograron disipar del todo las dudas sobre el impacto político, jurídico y militar de la incursión.

Las tensiones se trasladaron al escenario internacional. En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, varios aliados históricos de Washington manifestaron su preocupación por la intervención. Países como Francia y Dinamarca señalaron posibles violaciones al derecho internacional y reiteraron la importancia de respetar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Estados Unidos, por su parte, defendió la operación calificándola como una acción limitada, legítima y de carácter quirúrgico.

En paralelo, en Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un juez federal y se declararon no culpables de los cargos que enfrentan por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y posesión de armas. La audiencia fue breve y el juez fijó una nueva cita judicial para el mes de marzo, mientras el proceso avanza en el Distrito Sur de Nueva York.

En Caracas, el panorama político también se movió con rapidez. Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada, tras la captura de Maduro, y en un giro discursivo inesperado extendió una invitación al Gobierno de Donald Trump para explorar una posible agenda de cooperación. Su hermano, Jorge Rodríguez, fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, reforzando la continuidad del poder chavista en las principales instituciones del Estado.

Durante la noche del lunes se reportaron detonaciones en distintos puntos de la capital venezolana, incluso en zonas cercanas al Palacio de Miraflores. Las autoridades afirmaron que se trató de disparos disuasivos contra drones no autorizados y aseguraron que no hubo enfrentamientos ni alteraciones graves del orden público. La Casa Blanca negó cualquier vínculo con estos hechos.

La situación también generó pronunciamientos desde el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado advirtió que la operación militar estadounidense debilita la seguridad internacional y sienta un precedente peligroso. Desde Ginebra, se señaló que la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos no puede lograrse mediante acciones militares unilaterales que contravengan el derecho internacional.

Pese a la captura de su líder, el chavismo mantiene el control del aparato estatal en Venezuela. En la capital y otras ciudades persisten las mismas estructuras de poder, la retórica contra Estados Unidos y la presencia de colectivos armados, mientras se reportan detenciones de periodistas y activistas. Analistas coinciden en que, aunque Maduro ya no está en el país, su círculo cercano continúa gobernando y desafiando a la comunidad internacional, lo que prolonga la incertidumbre sobre el rumbo político y social de Venezuela.