Durante una serie de operativos de control adelantados en la región Caribe, la empresa Air-e Intervenida descubrió cinco nuevos casos de fraude eléctrico en establecimientos comerciales de Barranquilla, que se suman a irregularidades encontradas recientemente en los departamentos del Magdalena y La Guajira. Las pérdidas económicas asociadas a estas acciones ilegales superan los 270 millones de pesos.
En la capital del Atlántico, los técnicos de la compañía identificaron manipulaciones y conexiones irregulares en distintos negocios. Uno de los casos más significativos se presentó en una procesadora de alimentos del barrio Simón Bolívar, donde el medidor presentaba errores y sellos de seguridad alterados. En el barrio Las Delicias, un centro de terapias funcionaba con el equipo de medición apagado, mientras que en el Centro de la ciudad se descubrió un almacén de calzado conectado de manera directa al servicio.
Otros dos casos se registraron en una plastiquera del barrio San José, que operaba sin medidor, y en un taller de mecánica del barrio Colombia, identificado como “Polarizados Auto King”, donde se halló una línea directa por fuera del sistema de medida.
Uno de los fraudes más graves se detectó en una empresa de pinturas ubicada en zona urbana de Galapa, la cual estaba conectada ilegalmente a un transformador de 150 KVA, generando un riesgo eléctrico considerable tanto para sus trabajadores como para la comunidad aledaña.
En el departamento del Magdalena, los técnicos reportaron irregularidades en un casino de El Rodadero, en Santa Marta, donde se descubrió un servicio directo sin medidor, y en el barrio Juan XXIII de la misma ciudad, donde un local comercial tenía el medidor electrónico con la tapa principal violentada.
En La Guajira, un restaurante del barrio Arriba de Riohacha fue sorprendido con una acometida fraudulenta, mientras que en el sector de Carraipia, en Maicao, se detectó un granero conectado directamente a la red eléctrica.
La empresa Air-e advirtió que este tipo de prácticas afectan la sostenibilidad del servicio y representan riesgos graves de electrocución e incendios. Asimismo, reiteró su llamado a los usuarios a realizar un uso responsable y legal de la energía, recordando que el fraude eléctrico es un delito que puede acarrear sanciones penales y económicas.
Con estos hallazgos, Air-e reafirma su compromiso de combatir el fraude energético en toda la región Caribe, fortaleciendo las acciones de inspección y promoviendo la cultura de la legalidad para garantizar un servicio seguro y confiable para todos los usuarios.