Una nueva controversia sacude al país tras conocerse que Michael Enrique Méndez Olivos, alias ‘Mogosín’, cabecilla de las disidencias de las FARC conocidas como Segunda Marquetalia, fue abatido por el Ejército Nacional en medio de un operativo realizado en zona rural del municipio de Puerto Lleras, Meta.

Lo que ha causado indignación en distintos sectores es que este líder criminal contaba con un esquema de seguridad oficial suministrado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que actualmente dirige un exmiembro del M-19. Entre los beneficios que recibía alias ‘Mogosín’ estaban escoltas armados, vehículo blindado, celular institucional, chalecos antibalas y una tarjeta débito para gastos de combustible, todo bajo la figura de desmovilizado en proceso de reintegración.

Según fuentes oficiales, el criminal era presentado ante la UNP como excombatiente víctima de un atentado, lo que le permitió acceder al esquema de protección sin que la entidad tuviera conocimiento de que en realidad lideraba una red de extorsión activa en los Llanos Orientales. La UNP aseguró que no recibió ninguna alerta por parte de los escoltas asignados, ni reportes de sus constantes ausencias, lo que plantea serias dudas sobre los controles internos de la institución.

Alias ‘Mogosín’ era una pieza clave dentro de la estructura de Iván Márquez y estaba al frente de millonarias extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores del Meta. Su neutralización fue destacada por las Fuerzas Militares como un golpe contundente contra las finanzas ilegales de las disidencias.

El caso ha reavivado el debate sobre la infiltración de organizaciones criminales en programas de reintegración y protección del Estado. Mientras algunos piden una revisión profunda de los protocolos de la UNP, otros cuestionan la vulnerabilidad institucional que permite que cabecillas de estructuras terroristas operen impunemente bajo la sombra de beneficios oficiales.

La opinión pública exige respuestas claras: ¿quién autorizó la protección?, ¿por qué no se detectó su doble vida?, ¿y qué mecanismos fallaron? El país espera que este escándalo no quede en silencio y que se refuercen los sistemas de verificación para evitar que la protección del Estado termine al servicio de los enemigos de la paz.