Desde el Salón Gobelinos en la Presidencia de la República Iván Duque firmó el decreto que permite a la Policía decomisar sustancias prohibidas en el país. La firma contó con la presencia del fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, el presidente del Congreso, Ernesto Macías y los ministros de defensa Guillermo Botero; de justicia Gloria María Borrero y del interior Nancy Patricia Gutiérrez.

Según el mandatario “este decreto es parte de la continuidad de una política de Estado, una nación que hace poco expidió la ley 1801 de 2016, también conocida como el Código de Polícia. Esta ley contó con amplio respaldo de los partidos políticos. Reglamentar una política de Estado es una señal de continuidad en los postulados del Congreso y valida los principios que están consignados en el artículo 140 de esa ley, donde señala que uno de los comportamientos contrarios de los ciudadanos consiste en portar sustancias prohibidas en el espacio púbico”.

Duque aseguró que los colombianos “no nos podemos sentir ni cómodos, ni complacientes, ni tolerantes con una situación de aumento del consumo en las ciudades y es desolador porque el consumo está comenzando desde edades muy tempranas. Hay jíbaros a las afueras de los colegios, además en los espacios públicos se consume. Se está dejando crecer un problema de salud pública convirtiéndolo en el precursor de criminalidad en ciudades”.

El mandatario agregó que con la firma de este decreto espera darle las herramientas a la Policía para que la ley se cumpla en el espacio público y darles facultades para que se destruyan las sustancias ilegales. Según el mandatario esta es solo una de las muchas herramientas “que iremos reglamentando y presentando para combatir este flagelo.

Además, se requiere una campaña de alerta y prevención a través de los medios de comunicación y en conjunto con los colegios del país para que generen conciencia desde edad temprana de que las drogas y las sustancias ilegales son nocivas”. El Presidente además lanzó la línea 167, una plataforma de la Policía exclusiva para denunciar el microtráfico.

“No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla porque esas sustancias hacen daño a los niños y al espacio público. Que los jíbaros sepan que en la calle no van a portar droga y que los consumidores sepan que si son requisados y se les encuentra la droga se procederá en el marco del código y comenzará un proceso de carácter administrativo”, dijo Duque.

Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el observatorio de Justicia, señalaron que el decreto “es un retroceso, es una idea costosa y además estigmatiza a los usuarios de drogas”.

“Una de las principales estrategias de lucha contra las drogas ha sido aumentar el tiempo en prisión para quienes cometan estos delitos y limitar al acceso a penas alternativas al encarcelamiento. Estas medidas no han sido efectivas en el desmantelamiento de los mercados ilegales de drogas —en 2015 este negocio obtuvo ganancias por 12.4 billones de pesos y una rentabilidad del 260%— pero sí han generado altos costos individuales y familiares para quienes entran a este negocio por necesidad. Datos del INPEC y del Ministerio de Justicia, revelan que quienes tienen mayor vulnerabilidad económica, baja escolaridad y desempeñan tareas logísticas y operativas en la red criminal del narcotráfico, son el principal blanco de la acción policial y judicial”, asegura el observatorio que realizó el estudio junto a el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).