La Fiscalía investiga un presunto caso de abuso sexual contra una niña de seis años, cuyos videos habrían quedado almacenados en un celular que fue entregado en una prendería. El hallazgo permitió poner los hechos en conocimiento de las autoridades y avanzar en la identificación del hombre señalado.

Según la información divulgada por las autoridades, los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2025 en una finca de Puerto Guzmán, Putumayo. El señalado conocía a la menor y a su familia, una cercanía que presuntamente habría aprovechado para ganarse su confianza y llevarla con engaños hasta un lugar apartado.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría grabado las presuntas agresiones con su teléfono celular. Posteriormente, habría dejado el dispositivo en una prendería a cambio de dinero. Fue durante la compraventa del equipo en el municipio de Solita, Caquetá, cuando se conoció la existencia del material.

La madre de la niña tuvo conocimiento de los videos y dio aviso a las autoridades. Según el reporte publicado, las grabaciones también habrían circulado entre personas de la comunidad, situación que puso en evidencia la gravedad de lo ocurrido.

Tras adelantar las investigaciones, unidades de la Policía Nacional capturaron al señalado en una vía pública de Villavicencio, Meta, mediante una orden judicial.

Un fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La protección de la identidad de la niña es fundamental durante el proceso. Por tratarse de una presunta víctima menor de edad, no se divulgan datos que permitan identificarla ni detalles explícitos del material encontrado.

La investigación también pone de relieve los riesgos asociados a la circulación de imágenes que involucran a menores víctimas de violencia sexual. Este tipo de contenido no debe compartirse ni difundirse; cualquier hallazgo debe ser reportado directamente a las autoridades para evitar una nueva exposición de la víctima.