El reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales se han convertido en una preocupación creciente en Barranquilla y el Atlántico. Los grupos conocidos como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo estarían incorporando a niños y adolescentes a sus actividades ilegales mediante promesas de dinero, regalos y reconocimiento en sus barrios, pero también a través de amenazas y agresiones.

Los testimonios recogidos por La FM describen cómo algunos jóvenes comienzan haciendo encargos que parecen menores, como vigilar una calle, informar sobre la presencia de patrullas o entregar panfletos. Después, pueden terminar involucrados en la distribución de estupefacientes, el cobro de extorsiones y hechos de mayor violencia.

La situación preocupa a líderes comunitarios, investigadores y familias que temen que sus hijos sean presionados para ingresar a estas estructuras o sufran represalias por negarse.

Dinero, motocicletas y falsas promesas para atraer a los jóvenes

De acuerdo con los testimonios publicados, los delincuentes se acercarían a adolescentes en las calles, cerca de los colegios o a través de redes sociales. Les ofrecerían dinero, teléfonos celulares, ropa de marca y motocicletas, además de la promesa de ganar reconocimiento y ejercer poder dentro de sus comunidades.

Una líder social del suroccidente de Barranquilla explicó que algunos jóvenes son convocados a viviendas o puntos de encuentro que funcionarían como lugares para distribuir drogas y coordinar actividades ilegales.

Un adolescente entrevistado en el barrio La Chinita contó que a los muchachos les ofrecen un supuesto salario, armas y protección. Sin embargo, detrás de esas ofertas puede haber presiones para que cumplan órdenes cada vez más peligrosas.

Según su relato, algunos menores comienzan como informantes o repartidores de panfletos y después reciben instrucciones para intimidar a comerciantes o participar en ataques. El temor aumenta cuando intentan apartarse de la organización, pues pueden recibir amenazas de muerte.

Menores estarían siendo utilizados para extorsionar y atacar negocios

El sacerdote Cirilo Swinne, quien ha participado en acercamientos con integrantes de Los Pepes y Los Costeños, advirtió sobre el uso de menores para realizar tareas relacionadas con la extorsión.

Según su testimonio, algunos adolescentes recibirían entre 50.000 y 100.000 pesos por entregar panfletos intimidatorios en establecimientos comerciales. También mencionó pagos cercanos a los 200.000 pesos por disparar contra negocios que se niegan a pagar las exigencias de las organizaciones.

Las cifras corresponden a declaraciones recogidas durante el trabajo periodístico y no representan una tarifa general verificada por las autoridades.

Los menores también serían utilizados para vigilar a posibles víctimas, informar sobre los movimientos de la Policía, distribuir drogas y cobrar dinero a comerciantes. En los casos más graves, los testimonios señalan que algunos jóvenes reciben órdenes de participar en homicidios.

Familias han tenido que abandonar sus hogares por las amenazas

La presión de estas organizaciones también golpea a las familias. En uno de los casos documentados, un padre relató que tuvo que salir de su lugar de residencia después de que hombres armados amenazaran a su familia por la situación de sus hijos, de 12 y 17 años.

Según su versión, los hombres exigían que los adolescentes acudieran a hablar con integrantes de Los Pepes y advirtieron sobre las consecuencias de no obedecer. La familia decidió desplazarse por temor a que los jóvenes fueran obligados a cometer delitos o terminaran asesinados.

El testimonio muestra que la vinculación de menores no siempre ocurre por voluntad propia. En algunos casos, las amenazas contra ellos y sus familiares pueden convertirse en un mecanismo para someterlos.

Un adolescente de Malambo sufrió una grave agresión

Otro caso que evidencia los riesgos ocurrió en Malambo, donde un adolescente de 14 años perdió tres dedos después de negarse, según la información publicada, a ingresar a Los Costeños.

Por estos hechos, el 16 de abril de 2026 un juez envió a prisión a Ángel Antonio de Alba González, conocido como alias Angelito, señalado de participar en la agresión contra el menor.

El caso refleja la violencia que pueden enfrentar los jóvenes que rechazan las exigencias de las estructuras criminales. La intimidación no solo busca captar nuevos integrantes, sino también enviar un mensaje a quienes se resisten a colaborar.

Barrios de Barranquilla bajo presión criminal

Líderes comunitarios e investigadores mencionaron sectores como La Manga, Bajo San Felipe, Nueva Colombia, Carlos Meisel, Bajo Valle, El Bosque, La Luz y La Chinita entre las zonas donde se han denunciado dinámicas de control territorial y presencia de redes de informantes.

En estos sectores, los llamados campaneros alertarían sobre la llegada de la Policía y los movimientos de personas consideradas de interés para las organizaciones. Esta función permite a los delincuentes anticiparse a los operativos y mantener sus actividades.

Daniel Castro, abogado y líder juvenil, señaló que las condiciones urbanísticas de algunas zonas, las dificultades de acceso y la falta de oportunidades pueden complicar la presencia institucional y aumentar la vulnerabilidad de los habitantes.

Los problemas también alcanzan a municipios del área metropolitana y otras poblaciones del Atlántico, donde investigadores han advertido sobre disputas por las rentas ilegales y cambios en la presencia de las organizaciones criminales.

Disputas por el narcotráfico y las rentas ilegales

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha advertido que el departamento tiene importancia estratégica para el transporte de drogas hacia mercados internacionales, debido a su conexión con el río Magdalena y las rutas marítimas del Caribe.

En ese contexto, Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo aparecen en los análisis sobre las disputas y alianzas alrededor del narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilegales.

El investigador Luis Fernando Trejos ha señalado que las treguas entre organizaciones no necesariamente significan que las estructuras hayan desaparecido. En algunos casos, los enfrentamientos pueden desplazarse a otros municipios o surgir nuevas disputas entre mandos y grupos que buscan controlar sus propias fuentes de ingresos.

Entre las poblaciones mencionadas en ese análisis están Polonuevo, Usiacurí, Baranoa, Sabanalarga, Palmar de Varela, Sabanagrande y Repelón. La presencia y el alcance de cada organización deben establecerse con información de las autoridades en cada territorio.

La prevención y la protección de los menores son fundamentales

La investigación también recoge cuestionamientos de líderes sociales y comerciantes sobre la coordinación entre las autoridades de Barranquilla, Soledad, Malambo, la Gobernación y la fuerza pública para enfrentar la extorsión y proteger a la población.

Orlando Jiménez, presidente ejecutivo de Undeco Atlántico, ha planteado preocupaciones sobre la respuesta institucional frente a las amenazas contra los comerciantes. También se han formulado denuncias sobre posibles irregularidades de algunos uniformados, señalamientos que requieren investigaciones y pruebas concretas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 361 casos de sometimiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales en el país, según la cifra citada en la investigación.

Por su parte, un estudio de UNICEF sobre Barranquilla y su área metropolitana advierte que los menores pueden ser utilizados para tareas de vigilancia, transporte de drogas y armas, extorsión y sicariato, entre otras actividades. El organismo también señala que la pobreza, la desigualdad, la violencia en los hogares y la falta de oportunidades pueden aumentar el riesgo de vinculación.

El desafío para las autoridades es fortalecer la prevención, garantizar protección a los menores amenazados y ofrecer alternativas educativas, familiares y laborales que reduzcan la posibilidad de que sean captados por estas organizaciones.

Detrás de cada adolescente utilizado para vigilar una calle, cobrar una extorsión o participar en un ataque hay una situación que exige atención inmediata. Evitar que los grupos criminales sigan incorporando menores requiere investigaciones, presencia institucional y medidas concretas para proteger a las familias y recuperar la tranquilidad en los barrios.