Un documento firmado el 24 de octubre de 2025, durante una reunión entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares en Valledupar, abrió un nuevo capítulo de controversia política en Colombia. El texto, revelado por La FM este martes 20 de octubre de 2026, incluye compromisos para estudiar posibles excarcelaciones, mejorar las condiciones de reclusión y revisar mecanismos legales relacionados con la extradición de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La reunión contó con la participación de Armando Benedetti, entonces ministro del Interior; Angie Rodríguez, quien dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); el asesor presidencial Víctor de Currea Lugo y Jorge Arturo Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia. En el encuentro también estuvieron 11 antiguos comandantes paramilitares designados como gestores de paz, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

Qué quedó consignado en el documento

Entre los puntos incluidos en la llamada Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de Ralito aparece la posibilidad de explorar la excarcelación de gestores de paz que permanecían en prisión y revisar sus condiciones de reclusión mientras se definía su situación jurídica.

El texto también plantea estudiar alternativas como la reubicación carcelaria, la acumulación jurídica de penas y la revisión de mecanismos relacionados con la extradición. Además, propone retomar la iniciativa de establecer colonias agrícolas como una opción de resocialización y aporte productivo a las comunidades.

Otro de los compromisos consistía en que los gestores de paz actualizaran sus planes de trabajo dentro de los diez días hábiles siguientes, con tareas específicas para avanzar en los objetivos acordados.

La existencia de estos puntos ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las conversaciones y las condiciones bajo las cuales el Gobierno buscaba obtener nueva información de los antiguos integrantes de las AUC. Sin embargo, que las propuestas aparezcan en el documento no significa que los beneficios hayan sido concedidos ni que todas las medidas se hayan ejecutado.

La controversia por las declaraciones contra dirigentes políticos

El caso tomó mayor relevancia después de que Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso se refirieran a las conversaciones y a la supuesta solicitud de entregar información sobre figuras políticas. Entre los nombres mencionados en las versiones conocidas públicamente están el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Según el abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, durante las reuniones se habría solicitado a los excomandantes hacer públicas declaraciones sobre esos dirigentes. El abogado sostuvo, no obstante, que no existió un pacto formal y que los antiguos jefes paramilitares rechazaron la petición porque consideraban que ya habían entregado sus versiones ante la justicia.

La polémica también gira en torno a la finalidad de los encuentros. Mientras las reuniones fueron presentadas como parte de los esfuerzos para avanzar en la verdad, la reparación y el cierre del proceso de Santa Fe de Ralito, las declaraciones posteriores generaron dudas sobre si se buscaba obtener testimonios con repercusiones políticas en el contexto electoral.

Por ahora, las acusaciones sobre posibles presiones y motivaciones políticas deben tratarse como señalamientos que requieren verificación. La aparición de compromisos sobre beneficios penitenciarios en el documento no demuestra, por sí sola, que estos se hayan ofrecido a cambio de testimonios contra personas determinadas.

Piden investigar lo ocurrido

La controversia llevó al ministro de Justicia, Iván Cancino, a solicitar a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados y establezca si hubo presiones indebidas, manipulación de declaraciones o utilización irregular de recursos públicos durante las reuniones.

La investigación deberá establecer qué instrucciones recibieron los funcionarios, cuáles fueron los compromisos efectivamente asumidos y si alguna actuación se apartó de la ley. También será necesario determinar si las propuestas contenidas en el documento tuvieron consecuencias concretas para la situación jurídica de los exparamilitares.

El documento revelado por La FM aporta nuevos elementos al debate, pero no resuelve por sí solo las preguntas centrales del caso. La responsabilidad de los funcionarios involucrados y la existencia de eventuales irregularidades deberán establecerse a partir de pruebas y decisiones de las autoridades competentes.

LaVibrante.com seguirá atento a las investigaciones y a las respuestas de los funcionarios mencionados, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre los procesos de paz, los beneficios judiciales y la política colombiana.