La Universidad Autónoma del Caribe enfrenta una nueva presión financiera tras la decisión del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla, que ordenó pagar $7.586.148.566 a Silvia Beatriz Gette Ponce y sus tres hijos por diferencias en el reajuste de una pensión de sobrevivientes.
La suma corresponde a valores acumulados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de abril de 2026, debidamente actualizados. Para asegurar el cumplimiento de la obligación, el despacho también ordenó embargar y secuestrar recursos que la universidad tenga o llegue a tener en distintas entidades financieras.
La decisión quedó consignada en una providencia del 25 de mayo de 2026. Según lo establecido por el juzgado, la institución deberá atender la obligación dentro de los términos fijados en el proceso judicial.
El origen de la disputa por la pensión
El litigio tiene antecedentes en 2015, cuando la justicia reconoció el derecho de Silvia Gette a recibir la pensión de sobrevivientes correspondiente a su entonces pareja, Mario Ceballos Araújo, quien fue rector de la Universidad Autónoma del Caribe.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Barranquilla modificó el monto de la mesada y ordenó reducirla de aproximadamente $96 millones a $47 millones mensuales.
La nueva controversia se centra en los reajustes de esa prestación. De acuerdo con el Juzgado 15 Laboral, una decisión judicial anterior estableció que la pensión debía incrementarse conforme a las variaciones salariales del cargo de rector de la universidad.
Sin embargo, el despacho señaló que la institución modificó la base de cálculo y dejó de reconocer determinadas diferencias desde 2017. La universidad habría argumentado que la reducción salarial del cargo de rector respondía a la crisis administrativa que atravesaba.
Para el juzgado, esa situación no autorizaba a disminuir unilateralmente la mesada, pues los reajustes debían aplicarse según lo establecido en las decisiones judiciales previas.
Embargo de cuentas y recursos financieros
La orden judicial contempla medidas cautelares sobre recursos de la Universidad Autónoma del Caribe depositados en entidades como Davivienda, Bancolombia, Bancoomeva y Fiduprevisora.
El embargo fue fijado hasta por $13.136.840.694, monto que corresponde al límite establecido en la providencia para garantizar el crédito reclamado.
La medida busca asegurar que existan recursos disponibles para responder por la obligación económica. Su aplicación representa un nuevo motivo de preocupación para la institución, que atraviesa dificultades financieras y permanece bajo intervención del Ministerio de Educación.
Preocupación entre los trabajadores de la universidad
El fallo también generó inquietud entre representantes sindicales por las consecuencias que el embargo podría tener sobre los ingresos y el funcionamiento de la institución.
Freddy Álvarez, presidente de Osiautonoma, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la medida afecte la disponibilidad de recursos durante los últimos meses de 2026.
El dirigente sindical manifestó que los trabajadores esperan conocer las decisiones que adopten las autoridades y el Ministerio de Educación frente a esta situación. También señaló que existe incertidumbre sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar la universidad si el embargo afecta sus recursos operativos.
Por su parte, Javier Manjarrés, exrepresentante de los egresados ante el Consejo Superior, advirtió que la institución acumularía deudas superiores a los $210.000 millones. En sus declaraciones a Emisora Atlántico, cuestionó el impacto que tendría esta nueva obligación sobre las finanzas de la universidad.
Estas cifras y apreciaciones corresponden a declaraciones de los representantes citados y deben entenderse en ese contexto.
El caso de Silvia Gette y su regreso a la rectoría
La controversia económica se suma a otro proceso judicial relacionado con la salida de Silvia Gette de la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe en 2013.
En abril de 2026, el juez segundo penal municipal con función de control de garantías, Néstor Segundo Primera, ordenó restablecer los derechos de Gette frente a la rectoría, al considerar que su reemplazo durante una licencia remunerada habría desconocido disposiciones de los estatutos de la institución.
Según lo expuesto en esa decisión, durante la ausencia temporal de Gette debía asumir la rectoría el entonces vicerrector, Mariano Romero Ochoa. El despacho cuestionó el procedimiento que llevó al nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid.
La decisión fue objeto de recursos de apelación por parte de representantes de la universidad y del Ministerio de Educación, por lo que sus efectos y el desarrollo posterior del proceso deben revisarse conforme a las actuaciones judiciales correspondientes.
Una nueva presión sobre las finanzas de la Uniautónoma
La orden de pago por $7.586 millones vuelve a poner sobre la mesa la situación económica de la Universidad Autónoma del Caribe y las obligaciones judiciales que debe atender.
El proceso tiene consecuencias que van más allá de la disputa pensional, porque el embargo podría afectar la disponibilidad de recursos de una institución que necesita garantizar su operación académica y administrativa.
Por ahora, la obligación reconocida por el Juzgado 15 Laboral y las medidas decretadas para asegurar su cumplimiento marcan el desarrollo de este caso. La evolución del proceso permitirá conocer cómo se ejecutará el pago y qué efectos tendrá sobre las finanzas de la universidad en Barranquilla.
