El Gobierno de Abelardo De La Espriella abrió un nuevo frente de revisión sobre la administración de Gustavo Petro. Esta vez, el foco está puesto en los contratos de prestación de servicios utilizados durante el anterior Gobierno y que, según el denominado Libro de la Verdad, habrían generado un alto costo para las finanzas públicas.

El informe, presentado el 19 de agosto de 2026 y entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, reúne 80 hallazgos identificados durante el proceso de empalme y aborda situaciones encontradas en más de 20 sectores del Estado.

Uno de los capítulos que más atención ha generado es precisamente el relacionado con los contratos por prestación de servicios. El documento, de 135 páginas, cuestiona el uso de esta modalidad para atender funciones que, según el nuevo Gobierno, deberían estar cubiertas por personal de planta.

El Gobierno habla de 900.000 contratos

Durante la presentación del informe, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que durante la administración anterior se llegó a una cifra cercana a 900.000 contratos de prestación de servicios y calificó esta situación como una especie de nómina paralela.

Según el mandatario, estos contratos habrían generado un pasivo superior a cinco billones de pesos para el Estado.

De La Espriella pidió a los organismos de control revisar de manera detallada estas vinculaciones y determinar si se presentaron irregularidades en su utilización.

El Gobierno sostiene además que el problema no estaría solamente relacionado con el dinero. También advierte que la renovación de contratos durante periodos cortos puede afectar la continuidad de los equipos de trabajo, provocar pérdida de conocimiento institucional y dificultar el funcionamiento de las entidades públicas.

Qué dice la ley sobre estos contratos

Los contratos de prestación de servicios sí están contemplados dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La Ley 80 de 1993 establece que pueden utilizarse para desarrollar actividades específicas cuando las entidades no cuentan con personal de planta suficiente para realizarlas.

La diferencia está en la forma y el propósito de la contratación. Este tipo de vínculo no genera una relación laboral ni el pago de prestaciones sociales y debe utilizarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el objeto contratado.

Por eso, uno de los puntos que deberá determinarse es si en los casos señalados los contratos fueron utilizados para cubrir necesidades permanentes de las entidades o si respondieron a actividades temporales y específicas.

El informe no significa que ya existan delitos

Aunque el Gobierno presentó el Libro de la Verdad ante los organismos de control, los señalamientos contenidos en el documento no constituyen por sí mismos condenas ni determinan responsabilidad penal.

Será la Fiscalía la encargada de establecer si existen elementos que permitan abrir investigaciones por posibles delitos. La Procuraduría y la Contraloría, por su parte, deberán determinar si hay responsabilidades disciplinarias o fiscales en los casos que correspondan.

De hecho, el informe mezcla posibles casos de corrupción con cuestionamientos a decisiones administrativas y políticas públicas. Según un análisis publicado por El País, de los 82 casos mencionados en el documento, 23 están relacionados directamente con posibles hechos de corrupción, mientras que los demás corresponden principalmente a críticas sobre gestión o decisiones del Gobierno anterior.

Gustavo Petro responde

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la presentación del informe y rechazó que las decisiones de su Gobierno sean presentadas como delitos sin que exista una determinación judicial.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó que no se trata de un informe forense y sostuvo que varios de los asuntos señalados corresponden a políticas públicas que fueron defendidas durante su administración.

El exmandatario también pidió a sus antiguos ministros responder por cada uno de los puntos incluidos en el documento y señaló que, si efectivamente se encuentra algún delito, los responsables deberán responder ante la justicia.

El debate apenas comienza

La discusión alrededor de los contratos de prestación de servicios no es nueva en Colombia. Diferentes gobiernos han intentado reducir la dependencia de esta modalidad de contratación, especialmente en las entidades donde los contratos terminan renovándose de manera periódica.

El nuevo Gobierno sostiene que quiere revisar esa estructura y determinar cuánto dinero se está destinando a contratos que, en su opinión, podrían estar cubriendo funciones permanentes.

Para Abelardo De La Espriella, el asunto tiene consecuencias que van más allá del presupuesto. El mandatario considera que mantener estructuras paralelas afecta la estabilidad de las entidades y puede terminar generando nuevos litigios contra el Estado cuando los contratistas alegan que, en la práctica, existió una relación laboral.

Ahora la discusión queda en manos de las autoridades competentes. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán revisar los documentos entregados por el Gobierno y establecer cuáles de los hallazgos tienen sustento jurídico y cuáles corresponden a decisiones administrativas o políticas.

Mientras avanzan esas verificaciones, el llamado Libro de la Verdad ya abrió una nueva confrontación política entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el expresidente Gustavo Petro, esta vez alrededor del manejo de los recursos públicos y de la forma como fueron contratados miles de trabajadores durante el anterior Gobierno.