La Gobernación del Atlántico, en articulación con la Fuerza Pública, organismos de control y autoridades electorales, anunció un amplio operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo en los 18 municipios del departamento.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, informó que se desplegarán 1.200 uniformados en los municipios, como parte de una estrategia preventiva que ha sido coordinada a través de 22 comités de seguimiento electoral.

Luque aseguró que el objetivo es brindar todas las garantías para que los ciudadanos puedan salir a votar con tranquilidad, responsabilidad y respeto por las diferencias políticas.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que las acciones comenzaron días antes con vigilancia permanente en los puestos de votación para evitar la instalación de artefactos explosivos, propaganda política o cualquier elemento que pueda afectar la jornada.

Durante el día electoral, cada puesto contará con presencia policial. Además, habrá personal encubierto de la Sijín para prevenir y judicializar delitos como fraude al sufragante, corrupción al sufragante y posesión ilícita de cédulas.

Las autoridades también custodiarán el material electoral y los votos hasta el arca triclave, donde permanecerán bajo vigilancia hasta disposición de la Registraduría Nacional.

La Policía informó que los 1.203 uniformados comprometidos con el operativo fueron capacitados en delitos electorales, modalidades delincuenciales y normatividad electoral. También se activó la aplicación AppPol, herramienta que permitirá gestionar en tiempo real el servicio policial durante los comicios.

Varios municipios del Atlántico ya cuentan con decretos de ley seca por las elecciones, entre ellos Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Tubará, Juan de Acosta, Sabanagrande, Polonuevo, Campo de la Cruz, Santo Tomás y Piojó.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda alterar el proceso electoral a través de la línea 123. Según la Registraduría, en el Atlántico están habilitados cerca de dos millones de ciudadanos en más de 340 puestos de votación.