El Gobierno nacional anunció nuevas medidas de seguridad para el departamento del Chocó, con el envío de 250 uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional que tendrán como prioridad combatir la extorsión, fortalecer la presencia institucional y enfrentar a las estructuras criminales que afectan a la población civil y al comercio en la región.

El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, luego de un consejo de seguridad realizado en el departamento, en el que participaron autoridades civiles, militares y de Policía. De acuerdo con el Gobierno, el refuerzo estará compuesto por 120 hombres del Ejército Nacional y 130 uniformados de la Policía Nacional, quienes llegarán en las próximas horas para apoyar las operaciones en los municipios más golpeados por la criminalidad.

La estrategia busca responder a las denuncias de comerciantes, transportadores y comunidades que han advertido el aumento de presiones por parte de grupos armados ilegales. La extorsión se mantiene como una de las principales preocupaciones en Chocó, especialmente en zonas donde las economías ilegales, las disputas territoriales y la débil presencia estatal han generado riesgos permanentes para los habitantes.

Durante su visita al territorio, el ministro Sánchez aseguró que la fuerza pública mantendrá operaciones ofensivas y de control territorial para recuperar la tranquilidad de las comunidades. La presencia adicional de uniformados permitirá reforzar patrullajes, puestos de control, labores de inteligencia y acciones contra redes dedicadas al cobro de extorsiones y otros delitos de alto impacto.

El Gobierno también destacó avances recientes en materia de seguridad en Chocó. Según reportes entregados por el Ministerio de Defensa, los homicidios en el departamento han tenido una reducción del 22 %, mientras que también se han registrado resultados contra estructuras responsables de amenazas, reclutamiento y ataques contra líderes sociales. Sin embargo, las autoridades reconocen que persisten retos graves como el confinamiento de comunidades y la presión de los grupos armados en zonas rurales.

Entre los objetivos de la nueva ofensiva está afectar las finanzas de las organizaciones criminales que delinquen en el departamento. Para ello, las autoridades fortalecerán las investigaciones contra redes de extorsión, minería ilegal, narcotráfico y control armado de territorios, delitos que han sido identificados como fuentes de financiación de estructuras ilegales con presencia en el Pacífico colombiano.

La situación de seguridad en Chocó ha sido históricamente compleja por la presencia de actores armados que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales. Esa realidad ha golpeado principalmente a comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales, que han enfrentado desplazamientos, confinamientos, amenazas y limitaciones para desarrollar sus actividades económicas y sociales.

Con el nuevo despliegue, el Ministerio de Defensa busca enviar un mensaje de respaldo a la población y a las autoridades locales. La medida también pretende mejorar la capacidad de reacción ante hechos violentos y reducir la presión que ejercen los grupos ilegales sobre comerciantes, transportadores y familias.

Las autoridades indicaron que el refuerzo de seguridad estará acompañado de seguimiento permanente y articulación con la Gobernación del Chocó, alcaldías municipales, Fiscalía y organismos de inteligencia. El propósito es que las acciones no se limiten al aumento de pie de fuerza, sino que permitan avanzar en capturas, judicialización y desmantelamiento de las redes criminales.

El Gobierno insistió en que la protección de la vida, la defensa de las comunidades y la recuperación de la confianza institucional serán los ejes de esta nueva etapa de intervención en Chocó. La llegada de los 250 uniformados representa una respuesta inmediata ante la presión del crimen, pero también un reto de largo plazo para garantizar seguridad sostenible en uno de los departamentos más afectados por la violencia y la ausencia histórica del Estado.