El Gobierno nacional avanza en la construcción de una estrategia para abrir diálogos con estructuras criminales en Barranquilla, en el marco de la política de paz urbana, con una hoja de ruta que contempla decisiones sensibles en materia judicial y operativa para reducir la violencia en la ciudad.

El documento, conocido recientemente, plantea la posibilidad de evaluar la suspensión de órdenes de captura contra algunos cabecillas, así como eventuales traslados desde centros carcelarios, como parte de un proceso que busca facilitar el acercamiento con estas organizaciones ilegales.

Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por los indicadores de seguridad en la capital del Atlántico, donde autoridades han alertado sobre el aumento de homicidios y feminicidios, especialmente en sectores donde operan estructuras como “Los Costeños” y “Los Pepes”, lideradas por alias “Castor” y alias “Digno Palomino”, respectivamente.

La propuesta hace parte de la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca abrir espacios de diálogo no solo con grupos insurgentes, sino también con organizaciones criminales urbanas, con el objetivo de reducir la violencia y avanzar hacia procesos de sometimiento a la justicia.

Sin embargo, la hoja de ruta ha generado inquietudes entre expertos y sectores locales, quienes advierten que aún existen vacíos sobre su implementación, especialmente en lo relacionado con el marco jurídico que respaldaría las decisiones propuestas y el tiempo necesario para ejecutarlas de manera efectiva.

Además, algunos actores han cuestionado la claridad del plan frente a los compromisos que asumirían las estructuras criminales, como el cese de actividades ilegales, la reducción de homicidios y la no intervención en dinámicas sociales y económicas de la ciudad.

El proceso contempla la articulación con autoridades locales, líderes sociales y diferentes sectores de la ciudad, con el fin de construir una estrategia integral que no solo aborde el componente de seguridad, sino también factores sociales que inciden en la violencia urbana.

Barranquilla, considerada uno de los principales centros urbanos del Caribe colombiano, enfrenta desafíos en materia de seguridad asociados a la presencia de bandas criminales que operan en actividades como extorsión, narcotráfico y control territorial, lo que ha impactado la calidad de vida de sus habitantes.

Mientras el Gobierno avanza en la socialización de esta hoja de ruta, el país sigue atento a los resultados que pueda generar este modelo de diálogo urbano, en un escenario donde la reducción de la violencia se convierte en uno de los principales retos para la estabilidad social y la convivencia en las ciudades.