Un nuevo episodio de tensión política se registra en Colombia en plena campaña presidencial luego de que el candidato Abelardo de la Espriella retara públicamente al presidente Gustavo Petro a presentar pruebas sobre presuntas conversaciones que lo vincularían con la empresa Thomas Greg & Sons.
La controversia surgió tras declaraciones del jefe de Estado, quien aseguró tener información de inteligencia sobre supuestos diálogos entre el aspirante presidencial y empresarios relacionados con dicha compañía, señalada en el debate público por temas contractuales ligados a la expedición de pasaportes.
Frente a estos señalamientos, De la Espriella reaccionó de manera contundente en entrevista con medios nacionales, calificando las acusaciones como falsas y parte de un supuesto montaje en su contra. El abogado y político fue más allá al lanzar un reto directo al mandatario: pidió que se revelen los audios o pruebas que respalden esas afirmaciones, asegurando que, de comprobarse su veracidad, renunciaría de inmediato a su candidatura.
“Que presente las conversaciones y las transcripciones”, insistió el candidato, quien también afirmó que, en caso de no existir dichas pruebas, sería el presidente quien debería asumir responsabilidades políticas por sus declaraciones.
El aspirante, nacido en Bogotá en 1978 y líder del movimiento Defensores de la Patria, también expresó preocupación por el posible uso de organismos de inteligencia del Estado, sugiriendo que este tipo de información podría estar relacionada con interceptaciones ilegales, un tema que ha generado debate en distintos sectores políticos.
Además, De la Espriella aseguró que su vida podría estar en riesgo y denunció una supuesta persecución en su contra, elevando el tono del enfrentamiento con el Gobierno en medio de un contexto electoral altamente polarizado.
El caso ha generado reacciones en el escenario político nacional, donde distintos sectores han pedido claridad sobre el origen de la información mencionada por el presidente, así como garantías para el ejercicio democrático de los candidatos en la contienda electoral.
Este nuevo cruce se produce a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026, en un ambiente marcado por acusaciones, confrontaciones y un debate creciente sobre el uso de herramientas del Estado en el escenario político.
Mientras tanto, la opinión pública permanece atenta a posibles pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer los hechos, en un caso que podría tener implicaciones tanto jurídicas como electorales en el desarrollo de la campaña.
