Un nuevo episodio de tensión política y diplomática sacude a Venezuela luego de que las autoridades liberaran a un consultor petrolero con ciudadanía estadounidense que permaneció detenido durante cuatro días, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad jurídica y el clima político del país. El hecho ocurre en medio de un contexto internacional marcado por negociaciones energéticas, flexibilización parcial de sanciones y expectativas de inversión extranjera en el sector petrolero.

El protagonista del caso es Evanan Romero, un ingeniero de 86 años nacido en Venezuela y radicado en Houston, reconocido por su trayectoria asesorando compañías internacionales del sector energético y por su cercanía con figuras de la oposición política. Su detención se produjo en la ciudad de Maracaibo y, según versiones conocidas, habría estado relacionada con una disputa legal por un presunto fraude que se remonta a 2010, expediente que incluso habría sido reportado a Interpol por autoridades venezolanas.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que Romero fue trasladado a una clínica privada por razones médicas antes de su liberación, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó estar al tanto del caso, reiterando que la seguridad de sus ciudadanos es una prioridad. La advertencia de “no viajar” hacia Venezuela sigue vigente, reflejando las preocupaciones sobre la estabilidad institucional y la independencia judicial en el país.

Analistas internacionales han señalado que la detención evidencia los riesgos que aún enfrentan inversionistas y profesionales extranjeros, especialmente en momentos en que el gobierno busca atraer capital para revitalizar una industria petrolera que hoy produce apenas una fracción de lo que generaba en la década de los noventa. La reciente flexibilización de sanciones por parte de Washington ha abierto la puerta a nuevas operaciones de empresas estadounidenses y europeas, lo que convierte cada incidente judicial en un factor clave para la confianza internacional.

El episodio también reaviva el debate sobre la naturaleza de los procesos judiciales en Venezuela. Organizaciones independientes y centros de análisis han advertido que, aunque algunas detenciones podrían responder a causas legales, la falta de claridad institucional dificulta determinar si existen motivaciones políticas detrás de ciertos casos, especialmente cuando involucran a figuras vinculadas con la oposición o con el sector energético.

Mientras tanto, expertos sostienen que la liberación del consultor petrolero podría interpretarse como una señal de cautela por parte del gobierno venezolano frente a posibles repercusiones internacionales, en un escenario donde la estabilidad jurídica resulta determinante para el futuro de las inversiones y la recuperación económica del país.