La reciente desclasificación de documentos relacionados con el caso del financista Jeffrey Epstein volvió a generar controversia internacional y puso a México en el centro de nuevas revelaciones que incluyen testimonios, correos electrónicos y archivos del FBI que describen presuntas actividades delictivas vinculadas al tráfico sexual infantil. Según la información divulgada, los expedientes contienen millones de páginas y miles de videos e imágenes que han provocado reacciones políticas y cuestionamientos sobre el alcance global de la red que operaba el magnate antes de su muerte en 2019 mientras esperaba juicio.

Los documentos mencionan visitas del empresario a destinos turísticos mexicanos como Cancún y Puerto Vallarta, señalando que el país habría sido utilizado en distintas ocasiones para cometer delitos relacionados con explotación sexual de menores. Dentro de los testimonios aparece el nombre de un exembajador estadounidense en México, vinculado a acusaciones que provienen de un informante del FBI; sin embargo, dichas afirmaciones han sido negadas por el diplomático, quien calificó los señalamientos como teorías infundadas y sin pruebas verificadas.

El material desclasificado también menciona la existencia de una supuesta bóveda con miles de grabaciones de abusos, presuntamente hallada durante investigaciones realizadas por autoridades mexicanas y estadounidenses. En los informes se indica que algunas evidencias mostrarían a Epstein participando en actos sexuales con menores, lo que reforzó la dimensión internacional del caso y abrió nuevos interrogantes sobre la cooperación judicial entre países. A pesar de ello, hasta ahora no existen registros oficiales de investigaciones federales mexicanas concluyentes sobre los señalamientos incluidos en esos archivos.

Otro punto que ha generado polémica es la aparición de correos y testimonios que sugieren posibles conexiones con organizaciones criminales, entre ellas referencias al Cartel de Sinaloa dentro de declaraciones de testigos cuya identidad permanece protegida. Estas afirmaciones, según los propios documentos, forman parte de hipótesis investigativas que aún requieren verificación judicial y no constituyen pruebas concluyentes de responsabilidad penal.

El impacto de la nueva filtración no solo ha reavivado el debate sobre la red de abusos vinculada a Epstein, sino que también ha generado protestas y exigencias de transparencia en ámbitos académicos y políticos. Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha señalado que colaborará con las autoridades estadounidenses si se solicitan formalmente diligencias relacionadas con estos archivos, en medio de un caso que continúa expandiéndose y que mantiene en alerta a distintos sectores internacionales por sus implicaciones legales y diplomáticas.